Educación y Cultura

Presenta UdeC denuncia penal ante fiscalía anticorrupción por impago de recursos estatales

*“Estamos pidiendo lo que por ley nos corresponde considerando que la educación es una responsabilidad del Estado”: Christian Torres Ortiz, rector.

Este viernes a las diez de la mañana, como lo adelantó el pasado miércoles, el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, en representación de la Universidad de Colima, presentó ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el Estado, cuyo titular es Héctor Francisco Álvarez de la Paz, una denuncia penal con el objetivo de pedir formalmente que se investiguen los hechos que han ocasionado el impago del subsidio estatal comprometido y presupuestado a favor de la Casa de Estudios por parte del Ejecutivo Estatal.

Francisco Álvarez, fiscal anticorrupción, le dijo al rector que está comprometido con la investigación de cualquier hecho que se denuncia y que esperaba, a la brevedad, darle seguimiento y tener una respuesta a la que presentó la Universidad esa mañana.

Una vez entregada la denuncia, el rector ofreció una rueda de prensa a los medios que lo acompañaron, en la que dijo que la deuda que tiene el gobierno estatal con la UdeC es de 264 millones de pesos, hasta el mes de septiembre de este año y recordó que desde que se presentó la situación del impago buscó el diálogo con el gobernador del estado. Después, al no obtener respuesta, con el respaldo del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad, se optó por la vía jurídica.

Adelantó que una posibilidad más es acudir a la Fiscalía General de la República; “no estamos descartando nada; como es un recurso estatal el que se le adeuda a la Universidad, estamos agotando las instancias estatales, pero no descartamos nada para resolver el impago a nuestra Casa de Estudios”.

Lo que la Universidad está pidiendo, enfatizó el rector, “es que se investigue el tema y que, en su caso, considerando las atribuciones que tiene la Fiscalía, se puedan identificar actos de corrupción que estén en el alcance del Código Penal del Estado de Colima y que tienen que ver con el impago a la Universidad. La institución estará en la mejor disposición de aportar los elementos, las pruebas y evidencias que nos soliciten, y esperamos que la resolución de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción se dé lo más pronto posible ”.

Además, explicó que para resolver este contratiempo “estamos solicitando un recurso extraordinario por 49 millones de pesos ante la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP. La otra posibilidad es que, cuando recibamos el recurso federal de octubre podamos resolver la segunda quincena de septiembre. Es decir, si no recibimos el apoyo del Gobierno Federal, nos tendríamos que esperar unos días más al vencimiento de la quincena, para recibir el recurso de octubre y saldar así la segunda quincena de septiembre”.

Hasta el momento, recordó, “han sido las contribuciones del Gobierno Federal, quien ha entregado de manera puntual y en forma los recursos que le corresponden, mes con mes, lo que nos ha permitido resolver el pago de las quincenas”.

Christian Torres Ortiz resaltó que, a pesar de la situación, las funciones sustantivas de la Universidad están garantizadas y que hasta la fecha no se ha dejado de laborar un solo día; “quienes integramos la Casa de Estudios estamos trabajando en unión, y una prueba de ello es que hoy me acompañan todos los sectores universitarios, por lo que seremos solidarios y cumpliremos con nuestra responsabilidad primaria, que es la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Sin embargo, no queremos llegar al escenario de no poder pagarle a los trabajadores; en ese sentido es que estamos agotando todas las opciones y las instancias para que eso no suceda en lo que resta del año”.

Explicó también que el déficit derivado del impago del gobierno estatal corresponde más o menos a dos meses y medio, “lo cual podría afectar las funciones sustantivas de la Universidad; es un recurso faltante que resulta fundamental para pagarle a nuestros trabajadores y cumplir con nuestras responsabilidades”.

El rector destacó, en este sentido, que la UdeC es una institución pública, y que no se está reclamando el recurso para cubrir una deuda; “estamos pidiendo lo que por ley nos corresponde considerando que la educación es una responsabilidad del estado. Creo que nosotros hemos sido muy responsables con la parte que nos toca, que es brindar educación y hacerlo además de la mejor manera posible”.

Por último, dijo que lo que sigue “es esperar lo que puedan resolver las dos denuncias que hemos presentado, esperar el resultado de la gestión que estamos haciendo con el Gobierno Federal y también esperar el momento en que la licenciada Indira Vizcaíno asuma la responsabilidad como gobernadora del estado, para tener un horizonte y una alternativa diferentes para nuestra Universidad”.

Acompañaron al rector Leobardo George Ocón, Abogado General de la UdeC; Luis Enrique Zamorano, secretario general del SUTUC; Camilo García, presidente de la FEC; Sergio Wong, presidente de la FEUC; Ana Azucena Evangelista, presidenta de la ACU y Jesús Campos, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UdeC.

 

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