*Entrega copias certificadas de documentos de los expedientes a diputados = Gobernador entrega a Congreso pruebas de pago a Sedena =Se exhiben diputados, “no conocíamos toda la información”, detallan =Exigen conservar como pulmón de la ciudad las instalaciones de Calzada Galván.
Alfredo Quiles Cabrera
Al asistir a “una reunión de trabajo” con los diputados locales, el gobernador del Estado José Ignacio Peralta Sánchez les reiteró la legalidad en la transacción para la adquisición de las instalaciones de la Vigésima Zona Militar ubicadas en Calzada Galván, dejando en claro el destino de los recursos económicos aprobados por el Congreso Estatal utilizados para ello y reiterando que el uso que se dará a dicho predio será decidido por un comité ciudadano.
El mandatario estatal asistió al Congreso del Estado atendiendo un llamado de los diputados locales y dio respuesta puntual a cada una de las interrogantes planteadas por cada representante popular, quienes fueron exhibidos al desconocer el tema a tratar y optaron por preguntar al mandatario sobre el destino que se habrá de dar a las ex instalaciones militares.
Peralta Sánchez llegó al congreso del Estado acompañado del secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González y de los secretarios de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García y de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar; así como la directora de Bienes Patrimoniales, Lucy Huerta Medina.
En su intervención, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez dejó en claro que no existen operaciones fuera de lugar en torno a la adquisición que hizo el Gobierno del Estado del bien inmueble de la ex Zona Militar, pues el pago sí se realizó y así queda demostrado con el convenio suscrito entre Gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual hizo público.
Hizo entrega de documentación comprobatoria y certificada a los legisladores y exhibió los recibos de pago que generó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el depósito de recursos que le hizo el Gobierno del Estado para adquirir el predio urbano de la antigua Zona Militar.
Se dijo abierto para que él o alguno de sus colaboradores volviera a reunirse con los diputados para despejar dudas y realizar las aclaraciones pertinentes.
Ante diputados detalló que el acuerdo de coordinación entre el Gobierno del Estado y la Sedena no se envió a los expedientes manifestados, a petición de la dependencia federal, que estableció su confidencialidad en la cláusula novena del acuerdo.
Luego de dar a conocer a la letra lo que establece dicha cláusula, instruyó a la Secretaría General de Gobierno a hacer público el documento y enviarlo para su integración con los dos expedientes que ya obran en espacios públicos; lo anterior al ya haber concluido el proceso que estableció dicho acuerdo.
Refirió que en la cláusula primera del expediente de la adquisición del terreno, se describe la operación en los dos primeros incisos (A y B), por lo que para entenderla, se deben de tomar en cuenta ambos y no malinterpretarse que fue lo que respondió el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), que el terreno se entregó a título gratuito.
El problema –dijo- fue que el INDAABIN no mencionó en su respuesta que se le hizo a través de los procesos de transparencia, lo que dice el inciso B: que la recepción de título gratuito de ese terreno está condicionada a que el Gobierno del Estado entregue la cantidad dineraria que resulta del avalúo que se hace del terreno.
Luego de leer ambos incisos de la primera cláusula que establece la explicación integral de la operación; el titular del Ejecutivo puntualizó que en el acuerdo se establece un intercambio de donaciones, desde el punto de vista jurídico, ya que el INDAABIN donó a título gratuito el terreno y el Gobierno donó a la Sedena la cantidad de dinero que resultó de los avalúos.
Al dar una explicación más detallada, asentó que en el inciso A se precisó que la Sedena pidió al INDAABIN retirar el predio del servicio de uso militar, desincorporarlo y entregarlo a título gratuito al Estado.
Por su parte, en el inciso B, se estipula que el Estado además de donar el gobierno federal el inmueble ubicado en Loma de Fátima, se obliga a proporcionar a la Sedena recursos económicos por la cantidad de 493.5 millones de pesos.
Agregó que la segunda cláusula del convenio dice que dichos recursos fueron emitidos del avalúo realizado por el INDAABIN y dos peritos valuadores de reconocido prestigio en la entidad; aunque en otro inciso se precisó que solamente el terreno tiene un valor de 398.8 mdp; por lo que al hacer el complemento del avalúo comercial, se calculó en 134 millones de pesos los bienes distintos a la tierra.
Por ello, manifestó que se acumuló un total de 533 millones de pesos, para finalmente hacer el acuerdo por la cantidad de 493 millones de pesos, es decir, una cantidad menos a lo que establece el avalúo comercial, para posteriormente haber dos acuerdos modificatorios que incrementaron la donación de recursos a la Sedena por un monto total de 497 millones 978 mil 264 pesos que se entregaron en 8 transferencias bancarias.
Para concluir, reiteró que la recuperación del espacio para beneficio de la ciudadanía, no fue una ocurrencia de su administración, sino que es resultado de un antiguo anhelo y una demanda de las y los colimenses, para aprovechar el espacio, así como la reubicación de los militares.
Entregará al Archivo Histórico y al Congreso del Estado nueve documentos: Copia certificada del Acuerdo de Coordinación, Copia Certificada del Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de Coordinación, Copia Certificada del Segundo Acuerdo modificatorio y Ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Colima, edición número 70, suplemento número 1.
Asimismo, copia certificada de la parte conducente del Diario Oficial de la Federación que contiene el acuerdo de desincorporación del terreno; copia certificada del Acta en la que consta la entrega física de la ex zona militar; copia certificada del Contrato de donación, copia certificada del Avalúo emitido por los peritos de los bienes distintos a la tierra y copia certificada del Avalúo del INDAABIN respecto al predio ubicado en Calzada Galván.
En sus intervenciones, los legisladores optaron por preguntar al mandatario el destino que se habrá de dar a esas instalaciones, deseando que dicho predio sea utilizado para uso recreativo y como pulmón ecológico de Colima.
Finalmente, el Gobernador sostuvo que todos los procesos del financiamiento, desde su autorización, contratación y registro han estado apegados a las disposiciones jurídicas aplicables.
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