Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyó la investigación en torno a la supuesta red de corrupción en el Puerto de Manzanillo, que venía otorgando venta y entrega de contratos de cesión parcial de derechos sin el aval de su Consejo de Administración, y detectó que funcionarios de alto nivel estuvieron involucrados en esa estructura durante el sexenio pasado.
La investigación entregada en diciembre del año pasado confirmó la denuncia que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, que encontró tanto inconsistencias millonarias como incumplimiento y omisiones durante la gestión del exdirector de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, al favorecer a empresas amigas, aunque al final no tuvo consecuencias legales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia matutina del 9 de enero pasado: “Tenemos pruebas de que administradores de puertos o están coludidos o se hacen de la vista gorda en actos de corrupción”.
Incluso la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que estaban en marcha investigaciones por las denuncias presentadas contra las API, entre ellas la de Manzanillo, en las cuales se indaga el papel de los titulares y sus subordinados.
El Universal publicó el 7 de noviembre de 2018 que el Órgano Interno de Control (OIC) de la API Manzanillo, dependiente de la SFP, iniciaría una investigación en torno a una red de corrupción de funcionarios en esa terminal porque vendían y entregaban contratos de cesión parcial de derechos sin aval del Consejo de Administración.
Uno de los contratos a investigar era el entregado a la empresa Logística de Fluidos y Gráneles, de la cual son socios Patricia y Héctor Sánchez Espinosa, primos hermanos del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez.
En ese momento trascendió que existía una denuncia ante el OIC en la cual se presumían presuntas irregularidades administrativas del director general de la API Manzanillo, Noval Nicolau, quien dejó el cargo en enero de 2019.
La denuncia se fundamentaba en tres argumentos de peso:
Que el director de la API asignó directamente una cesión parcial de derechos a Logística de Fluidos sin apegarse al acuerdo del consejo. Que la API tramitó dicha solicitud sin contar con toda la documentación que señala la normatividad (Ley de Puertos y su Reglamento).
Y que el contrato de cesión número APIMAN01-035/18 presentaba inconsistencias que ameritaban su revisión y hasta revocación.
Las pesquisas de la auditoría llevaron a encontrar que el cesionario con número de contrato APIMAN01-020/07, Terminal Internacional de Manzanillo pagó en 2018 la cuota fija con base en el avalúo realizado por el INDAABIN de 2008, cuando debió ser con el de 2013, lo cual infringe el periodo de actualización del avalúo de cada cinco años establecido en los contratos, “por lo que tiene abierto un expediente administrativo de investigación por las conductas presuntamente irregulares” de funcionarios encargados de dar seguimiento a las obligaciones contractuales del cesionario.
También encontró discrepancias en el contrato APIMAN01-029/13, relacionado con el cobro de cuota variable de Terminal Marítima Hazesa por 69.5 millones de pesos que no fue reconocida por la empresa y las autoridades no proporcionaron información sobre el saldo real de la deuda del cesionario ni los registros de los ajustes contables.
Con información de El Universal On Line
Comment here