Opinión

Cuando Morena Colima no representa la Esperanza

Carlos Ramiro Vargas

A un año y medio de las elecciones intermedias  y para Gobernador, del 2021, Morena Colima no ha hecho ni impulsado cambios de fondo en las estructuras de poder local y menos en el ámbito social, laboral, ecológico, de Salud o de in/seguridad en la entidad.

Exceptuando la propuesta de actualización de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, y la universalización de las credenciales estudiantiles de secundaria a universidad, diferentes a las impuestas por la pri/porril y oprobiosa FEC, para acceder a descuentos en el transporte público estatal, -lo cual conllevó de paso a que no los sigan afiliando a fuerzas al ex/partido de Estado que hasta los colores de la enseña patria nos robó, impulsadas por los legisladores de Morena-; los 10  diputados morenistas colimotes que les quedan más, los hoy 4 del PT, no han hecho en 18 meses más que repetir en sus iniciativas locales las directrices y leyes que les marcan los legisladores federales de Morena, a nivel nacional, en el Congreso de la Unión.

Del otro partido que junto con Morena en la coalición, Juntos Haremos Historia, impulsó la candidatura de AMLO a la presidencia, el PT local, no es mentira afirmar que siempre le ha hecho el juego al PRI colimense hoy dominado plenamente por los pri/porros secuestradores de la Universidad de Colima desde 1973; y del 2019 a la fecha no han sido distintos a su pasado de paleros del priísmo, y defensores de sus propios intereses, tal y como lo demostró su líder parlamentario local, Carlos Farías, PT,  al deslindarse de la propuesta del diputado Vladimir Parra, respecto a la urgente necesidad de democratizar el hoy nudo de vínculos autoritarios y totalmente extra/académicos que dominan la vida institucional de nuestra U de C, y como en los hechos lo están haciendo los legisladores federales todos, diputados y senadores de Morena y PT, respecto a la Ley Parra. Tal como quedó constatado con la presencia de la diputada federal morenista, Claudia Yáñez, en el último y reciente informe del disque rector, udeceíta, Eduardo Hernández, declarando, la misma diputada mencionada, que efectivamente la autonomía de los universitarios es responsabilidad de los mismos.

Lo cual, en abstracto es correcto, pero que suena  a complacencia en el actual contexto político colimote, con un grupo pri/porril que a mano armada se apoderó de nuestra máxima casa de estudios en la primera parte de la década de los 70, del siglo XX, imponiendo al interior de la Universidad de Colima y sus 15 mil de estudiantes, un régimen totalitario y de terror, destructor de la Ley Orgánica universitaria, y del equilibrio democrático en el Consejo Universitario, que a la postre dio origen a una casta socio/depredadora y mafio/cleptocrática, que desviando miles de millones de pesos de los presupuestos de la Universidad de Colima, a lo largo de casi cinco décadas, se han hecho, principalmente el club de los ex/”rectores”,  propietarios de empresas inmobiliarias, textiles, de autopartes, ranchos ganaderos y agrícolas, restaurantes, terrenos en las zonas de mayor plusvalía en todo el estado, incluyendo Manzanillo,  colecciones de arte pictórico, medios de difusión y accionistas mayoritarios del Diario de Colima, AF Medios,  entre otros rubros y asociaciones.

Hoy  y ayer, encabezados por el ex “rector” y ex gobernador, Fernando Moreno. El verdadero poder tras el trono junto con el secretario de Gobierno, Arnoldo Ochoa, en la actual administración peraltista. Aprovechándose de la frivolidad e indiferencia políticas de Ignacio Peralta, gobernador aún, hacia lo problemas de fondo de Colima, empezando por el tema de la Inseguridad.

Problema que lejos de resolverse como prometió en campaña electoral, en 2015, se incrementó geométricamente a lo largo de estos 4 años de muy mal gobierno, peraltista, situando a nuestra entidad en los primeros sitios de homicidios dolosos, feminicidios, robos a casas habitación, consumo de drogas sintéticas, etcétera, -como nunca había ocurrido en nuestra historia reciente-.

Cuestión que por sí misma ameritaría ya, un Juicio Político desafuero e investigación hacendaria en términos de la Ley tres de tres. Precisamente a un Gobernador que en términos de su Acción Política, que como Ignacio Peralta lo ha demostrado con creces, siempre está actuando y decidiendo en contra de la ciudadanía, como sucedió en el caso del órgano administrador de Agua Potable y Alcantarillado, CIAPACOV, operante en Colima capital y la conurbada Villa de Álvarez, al imponer al sicario de la política y traidor a la democracia, como su director, Nicolás Contreras, aún en contra de lo estipulado por la ley respectiva.

Y así, por el estilo, en las principales direcciones del Gobierno estatal. Como en la dirección de asuntos Migrantes, en donde el mismo individuo e impostor, médico de profesión, lleva ya tres sexenios en el cargo, Santos García Santiago, carente totalmente de capacidad y formación en ciencias antropológicas.

Ya no se diga  respecto al gravísimo problema de Pensiones gubernamentales, o en turismo, economía, salud, educación, secretarías en donde impera la incapacidad para resolver y avanzar en mejores condiciones de vida para los colimenses. Extraña por ende, enormemente, que las dos facciones confrontadas más visibles dentro del entorno de Morena, la de la súper delegada de Programas Sociales /Federales para Colima, Indira Vizcaíno, su payaso, Vladimir Parra, y la de Claudia Yáñez Centeno, nunca hagan el menor cuestionamiento a semejante mandatario, -con un legado de casi cinco mil asesinados del 2015 a la fecha, y lejos de exigir su renuncia mediante un pertinente Juicio Político, lo sostienen y legitiman con su con su promiscua, -políticamente hablando- y perversa relación, con un gobernador que sólo daños ha hecho llenando de males a nuestro Pueblo.

Carlos Ramiro Vargas. Todos los Derechos Reservados.

Colima, México, 5 de febrero, 2020…

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