PARACAÍDAS
Rogelio Guedea
Todo empezó con la intención del gobierno del Estado de pedir la autorización de un crédito por más de 700 millones de pesos con el objetivo de cubrir tres ámbitos esenciales del quehacer gubernamental: la seguridad, la salud y el patrimonio histórico. Con respecto al primer ámbito, parte de ese crédito se destinaría a terminar el C5, en cuanto al segundo ámbito el recurso iría a fortalecer la estrategia contra la pandemia y, en cuanto al tercer ámbito, parte de ese crédito se utilizaría para terminar el proyecto arquitectónico de Palacio de Gobierno. El gobernador Nacho Peralta llevó a cabo una estratega de socialización de esta iniciativa de petición de crédito a fin de que le quedara claro a la ciudadanía para qué se utilizaría el recurso, pero, obviamente, esta iniciativa causó mucho malestar en una parte de la fracción de Morena en el Congreso, especialmente entre los congresistas aliados al diputado Vladimir Parra.
También, hay que decirlo, hubo desaprobación genuina en grandes sectores de la población pues el gobierno (no éste exclusivamente, sino incluso los anteriores) han tenido que recurrir a créditos millonarios y no han encontrado la forma de que la sociedad quede convencida ni de su necesidad ni tampoco de que fueron bien aplicados en transformaciones que la población sienta visibles.
En esta situación, pues, converge el descrédito social y la falta de legitimidad gubernamental, un binomio realmente peligrosos y del cual suelen aprovecharse los políticos opositores para poder llevar agua a su propio molino, pues nada mejor hay para levantar el honor en un político venido a menos que ponerse a luchar por una “causa social”. Pese a la resistencia de algunos congresistas locales, la iniciativa del crédito siguió avanzando al punto de que fue enviada por el gobernador Nacho Peralta al recinto legislativo, para su aprobación.
Se citó, por tanto, a una sesión ordinaria para el caso, y fue ahí donde se dio la ruptura entre los congresistas opuestos al crédito (Vladimir Parra, Arturo Arias, Blanca Livier Rodríguez, Claudia Aguirre) y el resto de los legisladores (quince en total, entre ellos algunos morenistas) que lo vieron viable. Para poder llevar a cabo esta sesión, se tuvo que cambiar a una sede alterna y usar la fuerza pública a fin de evitar que los congresistas opositores continuaran en su terquedad (es la palabra adecuada) de impedir la aprobación del crédito, aun cuando había una mayoría que estaba de acuerdo en aprobarlo.
No creo, sinceramente, que este afán de los congresistas opositores al crédito sea tan genuino pues si les doliera de verdad el daño que esto, según ellos, causará a la sociedad, si les doliera tanto la sociedad que representan, también habrían entonces desde el inicio de su legislatura haberse bajado como prometieron sus jugosos sueldos y destinado todo ese recurso a apoyar a esta sociedad mancillada. Nunca lo hicieron. Por tanto, han tomado como pretexto lo del crédito millonario para, con esa argucia política, beneficiarse socialmente con el mismo, al punto que sus acciones (eso de intentar romper la barrera policial a golpes) han sido más que penosas.
Por otro lado, es muy sencillo: acusaron arbitrariedad de los congresistas en favor del crédito, pero quienes se mostraron arbitrarios fueron ellos mismos, porque cómo puede ser posible que cinco congresistas quieran imponer su voluntad (a patadas) contra quince. Si los quince, según ellos, se vendieron al mejor postor para dar su aprobación, eso es una cosa muy distinta, pero en términos democráticos ahí lo que hubo fue cinco congresistas en contra del crédito contra quince a favor del mismo, y lo único que debieron hacer los opositores fue no haber levantado la mano y haber manifestado a través de los medios establecidos para el caso el porqué se opusieron al mismo, y tan tan, como congresistas civilizados y no como simples vándalos.
Pese a quien le pesare, el crédito fue aprobado y yo espero que, como ya lo dije en una ocasión, sea realmente destinado a los fines que se han impuesto y sean los propios congresistas y las instituciones de fiscalización correspondientes las que se encarguen de que se aplique en beneficio de la sociedad colimense. De lo contrario, que entonces el destino le dé la razón a unos y se las quite a los otros, con su correspondiente castigo.
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