PARACAÍDAS
Rogelio Guedea
Dos ejemplos claros en la designación de servidores públicos (los magistrados depuestos del Tribunal de Justicia Administrativa y el relacionado con el nombramiento del próximo director de Ciapacov) advierten sobre la necesidad de que las instituciones autónomas sean autónomas de verdad para evitar que los conflictos de interés o las decisiones arbitrarias laceren el estado de derecho y la integridad de los procesos democráticos que se llevan a cabo en las mismas.
La única forma para conseguir esto es que en los procesos de nominación de servidores públicos la mano de los altos mandos (Ejecutivo federal o estatal, presidentes municipales, etc) esté de alguna forma controlada por algún tipo de comisión o consejo plural e imparcial mediante en el cual se vea representada la misma sociedad. Asimismo, es imprescindible que el proceso sea democrático y designe al perfil más idóneo para dicho cargo o responsabilidad, mismo que tendrá que beneficiar a la sociedad y no responder a los intereses de uno o de un grupo.
Y que eso mismo aplique para su dimisión, esto es, que tampoco dependa de la voluntad (o capricho) de una sola persona sino de ese mismo consejo o comisión quien tendrá que llevar el mismo proceso de designación pero a la inversa. De esta manera estamos cumpliendo con los principios de todo estado de Derecho que se jacte.
Si revisamos la leyes orgánicas de muchos organismos autónomos encontraremos que su autonomía cae de bruces en la figura presidencial o gubernamental puesto que los límites de su autonomía terminan en el momento en que tal figura tiene facultades metaestatuarias o bien pare designarlos o bien para hacerlos dimitir.
En el caso de los magistrados de la Justicia Administrativo o del director de Ciapacov quien envía las ternas es el Ejecutivo estatal, quien luego o antes hace los cabildeos correspondientes para conseguir designar a uno de los suyos. Ha sido precisamente el desacuerdo en la nominación de la terna lo que ocasionó en ambos casos el desencuentro de pareceres y el consecuente desaguisado que aún no termina.
Si los legisladores cambiaran la forma en que se llevan estos procesos (tengo entendido que ya lo están haciendo), pero que lo cambiaran sin concesiones para nadie en particular sino pensando en el bien común, entonces acabaríamos (o al menos medio acabaríamos ) con estos problemas que hoy tenemos, llegarían a los puestos las personas con los mejores perfiles y la sociedad les daría mayor credibilidad.
Continuar, sin embargo, en la misma dirección es insistir en deslegitimar sin ninguna necesidad a unas instituciones y organismos que ya de por sí apenas logran cumplir con sus funciones sustanciales.
Rogelio Guedea
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