PARACAÍDAS
Rogelio Guedea
El 13 de julio de 2018 fue nombrado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia el doctor Mario de la Madrid Andrade. Su nombramiento causó una gran polémica entre los profesionales del derecho y la sociedad en general no porque De la Madrid Andrada careciera de méritos propios (virtudes que nunca nadie le ha escatimado, bien se sabe que es un verdadero estudioso de la materia) sino porque se argumentaba que en su nombramiento se había actuado de forma ilegal y arbitraria, pasando por encima de los derechos de otros, tal como se haría con el nombramiento de los tres magistrados posteriores.
Por eso, a los pocos días del nombramiento del doctor De la Madrid Andrade uno de los agraviados interpuso un amparo contra esta decisión y éste le fue concedido el 30 de abril pasado. El juez que atendió el caso determinó que, en efecto, se habían violado los derechos del quejoso y, por tanto, ordenaba remover al magistrado nombrado y reponer el procedimiento, procedimiento en el cual también tendría derecho a participar, por cierto, De la Madrid Andrade otra vez.
Esta resolución que afecta a De la Madrid Andrade también va a ir en el mismo sentido en contra de los otros tres magistrados que fueron nombrados posteriormente, pues también con ellos se malversó el debido proceso. Del mismo modo, no hay que olvidar que la resolución en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa tiene orígenes similares, en tales nombramientos también se violó el debido proceso y esto tuvo consecuencias serias para la propia administración de la justicia, esto es, consecuencias que al final del día han afectado a la sociedad.
Por último, y aunque no parezca convergente, el caso del nombramiento de Nicolás Contreras en Ciapacov (que también creo que tendrá consecuencias futuras) es parte de esta misma cadena de violaciones al debido proceso, lo cual, si el asunto se analiza de forma integral, nos puede decir mucho de la precariedad de nuestro estado de Derecho, mismo que en estos casos (y muchos otros más seguramente) se ha sido violentado de forma sistemática.
Es importante señalar que, para el caso del propio Mario de la Madrid, con esta resolución de la justicia federal no se cuestiona su honorabilidad o sus méritos para detentar una responsabilidad de tal envergadura, eso no está a discusión, sino más bien la forma en que se ha utilizado el poder del Estado para estar por encima del poder de la ley, y, más aún, de la justicia.
Extraña todavía más que esto haya sucedido, vaya paradoja, en instituciones en donde se vela por el estricto apego a la legalidad y la búsqueda de la justicia, como lo es el Supremo Tribunal de Justicia o el Tribunal de Justicia Administrativa, lo cual quiere decir que los profesionales del derecho debemos poner más atención en estos casos a fin de no estar implícitamente haciendo una apología de la impunidad con nuestro proceder público, lo cual sería éticamente reprochable. Esta es la lección que yo veo más visible de todo este penoso desaguisado.
Si no aprendemos a ver el cambio que la sociedad y las instituciones han tenido (así sean mínimos) en los últimos años en el tema de la legalidad y la justicia, entonces seguiremos fomentando prácticas que pondrán contra la pared, incluso, la razón de ser del propio Estado y sus instituciones.
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