PARACAÍDAS
Rogelio Guedea
El pasado 15 de mayo, el Congreso de Puebla aprobó la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla, hoy conocida como “Ley Barbosa”. Esta nueva Ley, que presumiblemente se hizo siguiendo las coordenadas de la Ley Nacioinal y de lo establecido por la propia Constitución, causó una polémica enorme en virtud de que en su artículo 105 plantea lo siguiente: “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.
Aunque el propio gobernador Luis Miguel Barbosa salió a decir que el artículo se había malinterpretado y que no quería decir lo que quería decir (palabras más, palabras menos), el incendio provocado por la promulgación de esta Ley ya había causado serios estragos tanto en el sector educativo privado como en el denominado Consorcio Universitario, el cual está integrado por las universidades Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Universidad Iberoamericana de Puebla (IBERO), Universidad Anáhuac y Universidad Madero (UMAD), las cuales acusaron a esta ley de “ambigua e intervencionista”.
Si bien es cierto que la intervención del Estado en la educación (pública y privada) es pertinente (sobre todo para vigilar temas relacionados con calidad educativa, con cuotas escolares, con accesibilidad, etcétera), lo que llama poderosamente la atención de esta Ley son sus tintes arbitrarios y unilaterales. Los propios rectores de las universidades y demás instituciones educativas del sector privado han señalado la cerrazón del gobierno de Barbosa para discutir las dimensiones y alcances de esta nueva ley y han reprochado no haber sido tomados en cuenta para debatirlos con su debida oportunidad, lo cual es de suma gravedad porque pone en evidencia otros aspectos de fondo de la actuación del Estado que son peligrosos no sólo para la educación sino también para otros aspectos que norman la vida comunitaria, como las propias garantías individuales o los derechos humanos.
Aunque Barbosa obtuvo el respaldo del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, no así lo obtuvo de un miembro distinguido de la 4T, el senador morenista Ricardo Monreal, quien fue contundente al declarar que esta ley “no refleja el espíritu legislativo de la Constitución General y de la Ley Nacional en materia educativa. Fue una mala armonización, desde mi punto de vista, por parte del Congreso de Puebla”.
Esta acción del Congreso de Puebla sienta otro precedente negativo más sobre la forma arbitraria en que se ha querido intervenir a la educación del país. Nosotros, en Colima, no hace mucho también vimos, por ejemplo, cómo de forma arbitraria e irresponsable se quiso modificar la Ley Orgánica de la Universidad de Colima por parte de un reducido grupo de morenistas en el Congreso local, a quienes también las propias autoridades educativas de su fracción acusaron (como Monreal lo hizo con Barbosa) de inconsecuentes.
Por fortuna, hubo muchas voces que se unieron al reclamo de no violación a la autonomía universitaria y la arbitraria avanzada tuvo que reconsiderar sus aviesos fines. La “Ley Barbosa”, como lo fue la “Ley Bonilla” en Baja California, no es, pues, más que otra señal más de que tenemos como sociedad que estar más alertas de lo normal ante acciones que pueden estar teniendo gravísimas repercusiones para nuestra vida democrática sin apenas darnos cuenta de ello y de que, en consecuencia, tenemos que luchar para evitarlas.
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