Carlos Ramiro Vargas
En medio de los dimes y diretes originados ante la reiterada insistencia de Ignacio Peralta, gobernador, para adquirir una nueva deuda de 750 millones de pesos, mdp, por parte de su administración gubernamental, así como frente a la dogmática posición asumida por Vladimir Parra de no admitir un centavo más de débito estatal, -préstamo que según Peralta sería destinado a terminar el centro de comando, C5 y para infraestructura en seguridad-, ni siquiera para invertir de esa cantidad los 500 mdp, que le urgen a la Secretaría de Salud del estado-; determinados medios de difusión divulgaron que un grupo de empresarios locales se reunirían con los nueve legisladores morenistas, más los cuatro petistas, del PT, -13 de 25 en total-, para convencerlos de lo urgente y necesario del nuevo endeudamiento.
No sobra decir que de los 722 mdp mencionados, 46 millones serían destinados a terminar la remodelación del Palacio de Gobierno, 500 a la construcción final del C5 e infraestructura en Seguridad, y sólo 176 para combatir la pandemia del Coronavirus.
De entrada resalta los superfluo de los dos primeros proyectos, cuando la seguridad estatal en los últimos cuatro años del peraltismo es un desastre total, que ni con un C5 se resolvería; de la remodelación del Palacio de Gobierno para volverlo museo, no es urgente en el contexto actual de plena expansión del Covid 19 en Colima, y de los 176 millones más orientados a la Secretaria de Salud, resalta lo tardío de esta intención y poco clara en el documento gubernamental correspondiente.
No se cómo le van a hacer tales empresarios para convencer a los diputados de la Alianza, Juntos Haremos Historia, o Morena más PT, de lo pertinente de esta nueva deuda, cuando no existe Confianza ciudadana en Ignacio Peralta, quien cuenta con un rechazo del 85 por ciento de la población colimense, y cuando el mismo Peralta gobernador, no ha aclarado según la Auditoria Superior de la Federación, el manejo de mil, 415 millones de pesos, mdp, o cuando se ha negado a informar del gasto de 35 millones más en sus múltiples viajes al extranjero, al mismo Congreso de leguleyos, o cuando tampoco ha informado como se debe, de los más de cien millones envueltos en la adquisición de 90 has alrededor del centro arqueológico de la Campana, o los casi 45 millones más gastados en una mansión en la CDMX, que supuestamente sería la Casa de Colima en la capital del país.
No hay que olvidar que aún está pendiente la aclaración de los 200 mdp, que Peralta Sánchez contrató como deuda, para supuestamente adquirir la zona militar, lo cual fue desmentido por la propia Secretaría de la Defensa nacional, afirmando que los terrenos abandonados por el ejército fueron una donación al pueblo de Colima, terrenos que en un descuido irán parar a la bolsa del mismo Peralta Sánchez o de sus empresarios preferidos. Dada la laxitud con la que Morena Colima ha asumido este caso.
Tampoco según apunta Fernando Antero, diputado local por el PAN, existe mucha información oficial respecto a un crédito por 410, mdp, que la anterior legislatura le otorgó en el 2018, crédito que está siendo investigado por el órgano estatal, correspondiente, denominado Osafig.
Y pese a todo ello, Peralta gobernador aumentó en 50 por ciento, la deuda pública estatal, respecto al sexenio anterior, para subirla en la actualidad a cinco mil, 819 mdp, sin que se note mejoría alguna en el estado de Colima, en ningún rubro.
De aprobarse la deuda, esta quedaría en un poco más de seis mil, 500, millones de pesos, un verdadero atraco a la sociedad colimota, en plena recesión económica y crisis derivada de la pandemia del Coronavirus.
Agregando que hasta la Calificadora HR Raitings, bajó la calificación financiera del estado de Colima a HRBBB, lo que significa que el gobierno peraltista aumenta el riesgo de no poder pagar sus deudas a corto plazo, superiores a un monto de un mil, 200 millones de pesos. Incluidas las Pensiones del Magisterio pertenecientes a la sección 39, del SNTE, y los mil millones pertenecientes a los trabajadores al servicio del gobierno colimote.
Si esto acontece en el plano financiero, en el ámbito de seguridad pública Colima es un desastre a nivel de latino/América, y tal vez por eso el monto mayor del nuevo crédito exigido a los cuatro vientos por Peralta, gobernador, 500 mdp, pretenden destinarse a concluir el C5 y fortalecer la infraestructura policial estatal.
Pero si Ignacio Peralta sigue teniendo un rechazo ciudadano cercano al 80 por ciento, de la población, dentro de este pequeño segmento de inversionistas locales tenemos a un pequeño número de empresarios los cuales, unos del PRI y otros del PAN, en lugar de ir a “convencer” a los 13 diputados/as morenistas y del PT para que acepten el nuevo endeudamiento gubernamental, -pero sin aclarar todos los elementos turbios descritos renglones atrás, responsabilidad de Ignacio Peralta, gobernador-; deberían de entrarle con dinero ante la astringencia de las arcas públicas, como ha venido aconteciendo en la Laguna, región limítrofe con Durango, donde los empresarios coahuilenses se unieron para financiar un nuevo centro de Adiestramiento de las policías estatales, incluyendo la constitución de un Observatorio Ciudadano, responsable de monitorear el actuar de las mismas policías coahuilenses, -que tanta falta hace en Colima y que funcione-, así como un espacio institucional para las familias de los desaparecidos en ese inmenso estado mexicano, de 151 mil, 600 km2, con apenas dos millones de habitantes.
Este logro habla bien de su gobernador, Miguel Riquelme Solís, del PRI, uno de los miembros más activos por cierto, del frente de siete gobernadores, que se han confrontado con el presidente López Obrador, por cuestiones como la política fiscal federal hacia sus estados, el manejo sanitario del Covid 19, o el asunto de las energías alternativas ante el fracaso ecológico y financiero de la CFE o Pemex, como son los mandatarios de Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Colima y por supuesto, Coahuila…
Carlos Ramiro Vargas. Junio 23, 2020. All Rigths Reserved. Stockholm, Sweden…
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