Carlos Ramiro Vargas
Al Pueblo de Colima. Urgente:
Apenas el jueves 27 de abril, anterior, moría, víctima del C19, uno de los colimenses más destacados y honorables que ha dado esta, nuestra triangular Finisterre, el General, José Francisco Gallardo Rodríguez, quien desde 1993 al año 2002, estuvo preso en cárceles militares por haber osado proponer un Ombudsman o Comisión de Derechos Humanos dentro del ejército mexicano. Como un instrumento de control de los abusos y excesos cometidos dentro de las fuerzas armadas aztecas, tanto hacia el interior de la institución castrense, o hacia la población y ciudadanía en general, en el ámbito de los derechos humanos.
Fue liberado de tan injusto castigo por las gestiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por Amnistía Internacional, quien declaró a nuestro tan ilustre paisano, todo un héroe en la materia de derechos humanos a nivel mundial.
No obstante haber sufrido torturas, golpizas y vejaciones psicológicas de diversa índole, en los largos 13 años que el General Gallardo fue preso de Consciencia, los altos mandos del ejército mexicano nunca le hicieron justicia reconociendo los relevantes aportes que hizo prácticamente solo, y menos disculpándose por su actuación cobarde y arbitraria, ante un mexicano y militar absolutamente ejemplar.
Y como lo reconoció, el ex secretario de relaciones exteriores, Jorge Castañeda Gutman, la liberación del General Gallardo se debió a cuestiones de imagen para el Estado mexicano, muy dañada por este caso a nivel mundial, pero no implicó alguna forma de reparación del daño por parte del ejército.
En el año 2015, fue candidato de Morena para la gubernatura de Colima, y desde antes, uno de los más entusiastas constructores de la estructura territorial morenista, acá en nuestra entidad.
Pasadas las elecciones de ese año, renunció a Morena, debido a la soberbia y falta de respeto a las jerarquías de conocimiento, por parte de Vladimir Parra y las gavillas que desde ese entonces se disputaban el aparato burocrático y electorero de Morena, desligándose de las luchas sociales y de discusión y aportes abiertos e incluyentes, respecto a los grandes problemas estatales, es decir, de los directivos de Morena Colima, hacia los ciudadanos y bases que posteriormente en 2018, le dieron el triunfo a López Obrador, apoyando sin titubeos el llamado al voto masivo por Morena.
El otro motivo de distanciamiento del General y Amigo, respecto a Morena, fue el considerar que López Obrador había pactado muy tempranamente con las cúpulas militares mexicanas, concediéndoles hasta de más en sus atribuciones, pero enterrando la posibilidad de cualquier autocrítica de la cúpula castrense, respecto a su innumerable trayectoria de abusos cometidos contra la misma población y contra los críticos congruentes contra el sistema de corrupción y simulación democrática, representado en ese
entonces, por el PRI. Y sus aliados como el PAN, el PVEM, el Panal, y el PT aquí en Colima, etcétera.
La renuncia del General a las filas de Morena no le importó ni a Vladimir Parra, ni al bueno para nada de Sergio Jiménez Bojado, presidente eternizado de Morena partido en nuestro estado, ni a Claudia Yáñez, y ni a Indira Vizcaíno, ante un Consejo estatal morenista, mudo, ciego y palero de las posturas de Vladimir Parra, ex coordinador de los diputados locales de Morena, hasta inicios del 2021.
A inicios de año, el General, publicó dos artículos acerca de Morena Colima y de la ungida Indira Vizcaíno.
Artículos visionarios que dicen mucho de lo que está sucediendo en el seno de Morena o en la política colimense, a espaldas de la población. Así como de las propias bases morenistas.
El General Gallardo entonces, uno de los colimenses con mayor autoridad moral que hemos tenido, en toda nuestra historia republicana, apuntó cómo, a fines del 2020, un grupo de ciudadanos deseosos de esclarecer el caso Altozano, -por el que Indira Vizcaíno, flamante candidata a la gubernatura por Morena, es sospechosa de haber causado un daño de 115 millones de pesos a la arcas del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, durante su gestión como alcaldesa del 2012 al 2015, para favorecer a un poderoso grupo inmobiliario privado-; al aprestarse a ratificar la denuncia ante el ministerio público de Cuauhtémoc, en contra de Indira Vizcaíno, denuncia radicada en el Expediente 06/11/17, recibido por el funcionario Iván Barreda; este valeroso grupo de ciudadanos denunciantes empezaron a recibir intimidaciones y amenazas, por parte de la policía política peraltista, según relata el mismo General.
Por lo tanto, la Defensoría en Derechos Humanos, General Gallardo, AC, se movilizó en defensa de los denunciantes enviando una carta a Derechos Humanos de Colima, exigiendo la protección cautelar de los amenazados, acompañando luego a este valiente grupo ciudadano ante el Ministerio Público, para ratificar la denuncia, notándose como los mismos funcionarios ministeriales, hostigaban de algún modo a los denunciantes preguntándoles en un tono autoritario, si ya Indira Vizcaíno estaba enterada de esta demanda.
El muy valioso artículo aquí comentado, concluye afirmando de puño y letra, por parte del propio General, que el caso Indira/Altozano/grupo empresarial Brun, ya es del conocimiento nacional, tomando enorme relevancia en esta coyuntura electoral, en virtud de que sus financiamientos, -los de Indira Vizcaíno-, y sus grandes flujos millonarios de dinero para su campaña por la gubernatura, proceden, sin lugar a dudas, de actos de corrupción patrimoniales.
El caso Indira/Altozano, es por ende, parte de un engranaje de alta corrupción política, que involucra a Ignacio Peralta, gobernador, a su gabinete y a su policía política comandada por ese entonces, por Arnoldo Ochoa González, pero también a Morena partido, Colima, y a conocidos grupos empresariales.
No bastan entonces ni la lealtad, ni la honestidad, ni la buena reputación de boca para afuera, cuando el poder de un liderazgo como el de Indira Vizcaíno y sus cómplices dentro de Morena, se ha fraguado con el engaño a los ciudadanos, la negación a los principios amloístas de no mentir, no robar, y con la suprema traición a la patria de por medio, aliándose con lo peor del PRI nacional.
En respuesta a los dizque “ataques” recibidos por el caso Altozano, Indira Vizcaíno, lejos de aclarar de cara al pueblo la situación, ha optado por ampararse jurídicamente para que no se hable más del problema, como lo hicieron los funcionarios más cuestionados por excesos de corrupción, en el gabinete anguianista, en el año 2016.
Carlos Ramiro Vargas. Mayo 3, 2021.
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