Observador Político
Belisario Romero Sánchez
¡Vaya!, después de que muchos políticos como Nabor Ochoa (como diputado local), el mismo gobernador del estado, Ignacio Peralta e Indira Vizcaino Silva, la súper delegada federal, mostraron estar preocupados y ocupados en el tema de la caseta de peaje de Cuyutlán, ninguno le quiso entrar por el camino de la legalidad y solicitar ante la SCT una revisión exhaustiva de la concesión de la misma, nomás le andaban jugando al loco.
Fue la senadora del PT Griselda Valencia la que ha dado esperanzas de que a esa caseta le quedan pocos meses de vida, pues ha anunciado con mucho carácter que solicitó ante la dependencia federal antes mencionada la revisión de la concesión para solicitar la revocación o nulidad de la concesión. Noticia que a los colimenses nos regresa la sonrisa y tranquilidad de saber que por fin vemos cerca el retiro de la misma.
A continuación, transcribo parte del punto de acuerdo que la senadora presentó para la revocación o nulidad de la concesión, en la cual también aparece el nombre de Joel Ppadilla y de Gabriela Benavides, ambos también senadores por Colima (http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83693
Fue el l 9 de noviembre de 1990, bajo el Programa Nacional de Concesiones de Autopistas, que el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la empresa Promotora de Autopistas del Pacifico, S.A. de C.V. la concesión para la construcción, explotación y conservación del tramo Armería-Manzanillo de la carretera Colima-Manzanillo, con una longitud de 37 kilómetros, por un plazo de 9 años 3 meses. l artículo 146 de la Ley de Vías Generales de Comunicación vigente en la fecha de la otorgación de esa concesión establecía que «las concesiones para construir y explotar caminos se otorgarán por el plazo que señale la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que no podrá exceder de 20 años”. Sin respetar la temporalidad señalada por el título de la concesión, argumentando aforos inferiores a los previstos que daban lugar a un déficit financiero, el 17 de diciembre de 1992, las partes, a través de un addendum al título de concesión, modificaron por primera vez, el plazo de vigencia de la concesión, estableciendo que el mismo sería de 14 años, contados a partir del 9 de noviembre de 1990. Fue en este momento en que comenzaron las ilegalidades, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no podía otorgar concesiones de más de 20 años.
En este punto es importante señalar que si bien es cierto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha querido justificar su actuar, señalando que el artículo 146 de la Ley de Vías Generales de Comunicación fue reformado en 1992, para establecer que las concesiones no podrían exceder de 30 años, lo cierto es que el título de concesión de la autopista Armería-Manzanillo fue otorgado cuando la legislación no permitía que las concesiones excedieran de 20 años, y que la ley no puede tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Asimismo, es importante señalar que el 22 de diciembre de 1993 entró en vigor la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la que a partir de ese momento regula las concesiones, no obstante, su artículo sexto transitorio dispone:
Artículo 6: Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán en vigor en los términos y condiciones consignados en los mismos, hasta el término de su vigencia.
Por lo que la concesión de la autopista Armería-Manzanillo debe regirse por lo dispuesto en la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Pese a lo anterior, el 3 de febrero de 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó una tercera modificación al título de concesión de la carretera Armería-Manzanillo a fin de extender su vigencia hasta por 30 años, contados a partir del día de origen de la misma. Con esta modificación se excluyó de la concesión el tramo carretero libramiento Manzanillo debido a la presión social, compensando a la concesionaria su inversión por el retiro de casetas en el libramiento con esta ilegal ampliación de 5 años, 5 meses.
La empresa Promotora de Autopistas del Pacifico, S. A. de C. V. fundamento su solicitud para ampliar la concesión a 30 años en el artículo sexto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el cual establece que:
No satisfechos con este aumento, el 31 de mayo de 1994, se llevó a cabo la segunda modificación a la concesión de la autopista Armería-Manzanillo, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, extendiendo la vigencia de la concesión a 24 años, 7 meses, contados a partir del 9 de noviembre de 1990. Asimismo, se incluyó dentro de la concesión 19 km más, correspondientes al libramiento Manzanillo acordándose 21 años de concesión para este último tramo. as concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años, y podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, siempre que el concesionario… lo solicite durante la última quinta parte de su vigencia y a más tardar un año antes de su conclusión.
Se advierte que la misma no debió ser concedida debido a que como lo hemos señalado esta concesión se rige por la Ley de Vías Generales de Comunicación, y la prorroga en todo caso debía solicitarse durante el tiempo que comprendía la quinta parte de la concesión, la que de acuerdo con la segunda modificación fue de 24 años siete meses, por lo que el plazo para solicitar la prorroga correría a partir del año 2010 en adelante, lo cual hace evidente lo irregular de dicha ampliación.
Esta larga concesión no les bastó, puesto que el 19 de noviembre de 2010 se realiza una cuarta modificación, reconociendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que a la concesionaria le faltaba recuperar 1730 millones de pesos; más un monto adicional de 400 millones de pesos con cargo a la concesión, por lo que se otorgó un plazo adicional de 9 años 5 meses a la concesión, acumulando la misma un total de 39 años 5 meses.
La suma de ilegalidades cometidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes continuó en aumento, ya que la ampliación de estos 9 años 5 meses se dio para que la Secretaría subsanara una responsabilidad de ejecución de sentencia de un juicio en materia administrativa en el estado de Tlaxcala en el que se afectaron los derechos patrimoniales por incumplimiento de contratos del tramos carretero San Martin Texmelucan-Tlaxcala, teniendo que pagar los colimenses por la responsabilidad judicial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La quinta y última modificación de la concesión del tramo carretero Armería-Manzanillo, se dio el 25 de febrero de 2011, en la que se establece un plazo de vigencia de la concesión de 30 años contados a partir del 9 de noviembre de 1990, autorizando una prórroga hasta por 30 años más, con lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretende que esta esta inmortal concesión tenga vigencia hasta el 2050, cuando originalmente la vigencia de la concesión terminaría el 9 de febrero del 2000.
Como se ha mencionado existe una cadena de irregularidades e ilegalidades en las numerosas ampliaciones de esta concesión, que lesionan a los colimenses, quienes rechazan totalmente continuar pagando esta inmortal concesión que lesiona su economía.
La senadora Griselda tomó el toro por los cuernos, calladita se vio más bonita, en tanto su misma compañera de partido, la súper delegada, Indira Vizcaino, quien ya se había arreglado con la empresa PINFRA, concesionaria de la caseta para que fuera su patrocinador en las próximas elecciones del 2021, otorgándole a cambio un decoroso descuentazo a los conductores colimenses que adquirieran una tarjeta, lo que molestó a los colimenses que lo que solicitaban era el retiro definitivo, lo que hoy está logrando la senadora Valencia.
La legisladora le dio por el camino adecuado, ahora solo queda esperar los resultados y que nos den la buena noticia de que en breve se hará el retiro de esa caseta que tanto ha robado a los colimenses. Es cuanto.
BAJO LA LUPA
**En la pasada administración que presidía Lupillo García Negrete, para quedarse con los grandes negocios y dineral que deja la obra pública, así como las compras a diversos proveedores que sale a través del comité de compras y que desde la Oficialía Mayor se arregla todo. Tuvieron que hacer empresas fantasmas a quienes le daban las obras y todas las compras desde aceites hasta vehículos, no dejaban nada a los verdaderos empresarios y comerciantes. Incluso una de ellas corrió y buscó asilo en el alcalde de Armería Chavita Bueno, quien tiene en su nómina a una de las “empresarias de obra pública” que tanto daño les hizo a las arcas municipales de Tecomán, posiblemente allá ande llevándose lo poco que tiene ese municipio.
En esta administración presidida por Elías Lozano hasta el momento no ha salido ese grupo de empresarios fantasmas que controlará todo lo que genera comisiones millonarias. No aparecerá siempre y cuando no se dejen asesorar por gente corrupta como lo hicieron en la pasada administración, en donde las grandes mochadas estaban a la orden del día. Es cuanto
** Los altos costos de los productos y servicios que cobran en la Feria del Limón de Tecomán 2019, ha hecho que las familias tecomenses la visiten poco. Hay mucha afluencia en los bailes gratuitos, pero quienes acuden sólo pagan el estacionamiento a un precio también caro y se van, no se quedan a consumir los productos que se ofrecen por lo antes dicho. Claro que es una feria diferente, pero también no tuvo el respaldo de todos los comerciantes precisamente por los altos precios en los espacios, los que si se instalaron no les quedó de otra que subir los precios. Pero no me crea, mejor visítela y compruébelo, si usted presume de tener suficientes recursos económicos pues gaste ahí, los comerciantes lo necesitan. Es cuanto
***¿Cuál temor al OSAFIG?, algún funcionario o servidor público que ha sido señalado por dicho organismo de Auditoría de desviar recursos económicos ha pisado la cárcel?. Claro, nadie, absolutamente nadie por lo tanto lo que diga el OSAFIG son puras llamadas a misa. Lamentable, pues debería de tener facultades para sancionar o castigar, incluso hasta meter a la carcel a los corruptos
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