Diurnarius
Miguel Ángel Sánchez Romero
¿Qué está pasando en la Secretaría de Educación del Estado?, es la pregunta que maestros, padres de familia y la sociedad colimense se están haciendo, debido a que prácticamente, desde que inició la administración de José Ignacio Peralta Sánchez hace tres años, más que sobresalir por sus logros y avances en beneficios de la educación de la niñez colimense, ha sobresalido por los conflictos magisteriales, las pugnas internas, la resistencia a romper con viejas prácticas y vicios anquilosados, pero sobre todo, por la violencia física y psicológica de la que han sido y son objeto estudiantes de diversos planteles, en la que sus agresores han sido tristemente sus propios compañeros, lo que ha dejado al descubierto las graves deficiencias que sufre la educación en Colima.
Mientras que para el Gobernador la llegada de Jaime Flores Merlo a la Secretaría de Educación del estado, fue una salida política a un conflicto magisterial que se tornaba peligroso para su administración; para la educación resultó ser un retroceso y para la sociedad un factura muy cara que debe de pagar por una negociación en la que al parecer no solo le fue entregada el control de la educación al magisterio, sino que los vicios y las viejas prácticas que fueron acumulando algunos maestros y funcionarios a lo largo de los años se volvieron intocables.
El caso ocurrido en la escuela primaria Miguel Galindo de la delegación de Jalipa, en el municipio de Manzanillo, que es investigado por Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, por posibles violación a los derechos Humanos de la exdirectora de dicho plantel; debido a que al parecer su gran error fue el intentar aplicar la normatividad como los marcan los reglamentos y hacer las cosas bien, pero sobre todo por haber tratado de eliminar los viejos vicios y prácticas que afectaban al desarrollo de los estudiantes; lo que al parecer a Jaime Flores no le agradó, por lo que decidió destituirla con un procedimiento poco ortodoxo, pero muy inquisitorio; pero esto, quizá solo sea la punta del iceberg, esperemos ver que resuelve la CDHE.
Sin embargo, las pugnas generadas por un magisterio anquilosado que se resiste a perder privilegios y dar paso a la transformación de la educación y del propio sector educativo estatal, solo son una parte de los grandes conflictos por los que atraviesa la educación en Colima; la otra parte, que es la más cruel y la que más afecta a los estudiantes y a la sociedad, y que indudablemente surge a raíz de conflictos magisteriales, es la violencia y malas atenciones que han ido en aumento en la entidad y que hasta ahora el Secretario de Educación ha minimizado, incluso tratado de ocultar para no ser señalado por lo deficiente que ha resultado su desempeño como secretario de educación y que tanto daño ha causado a niños y niñas del estado.
Son varios los casos hasta ahora documentados y que gracias a que las madres o tutores los han denunciado ha sido posible conocer de ellos, niños golpeados severamente, violados, intoxicados por comer carne en estado de descomposición son solo algunas de las cosas que pasan en las escuelas de Colima, sin que la autoridad educativa diga nada, pero ¿cuántos casos de violencia en escuelas en los últimos tres años han quedado en el anonimato?, ¿cuántos niños y niñas han sido víctimas de sus propios compañeros o de maestros, y no han recibido atención médica o psicológica?, ¿cuántos niños o niñas más deben ser golpeados, abusados sexualmente, para que el secretario de Educación asuma su responsabilidad y deje de evadir la realidad que viven los planteles educativos?.
Esto solo son casos recientes, pero hasta ahora no se ha vuelto a hablar de los recursos que desaparecieron de la Secretaría de Educación, de los aviadores que detecto el órgano de fiscalización, temas que parecen haberle dado carpetazo con Jaime Flores Merlo, esperemos que no sea así y pronto informe sobre estos y otros temas de interés público.
Sin duda, sería irresponsable generalizar o culpar a todos los maestros de la problemática que vive la Secretaría de Educación del Estado y que afecta a miles de estudiantes, docentes y padres de familia; lo cierto, es que no se podrá tener una educación de calidad, mientras se sigan tolerando prácticas fuera de la normatividad y tratando de sostener un sistema educativo caduco y plagado de vicios.
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