Diurnarius
Miguel Ángel Sánchez Romero
Definitivamente es y será imposible garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, o generar una Ley de protección a periodistas, si primero no se le deja de ver como un oficio y se le da el valor real al comunicador de profesión (periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos….), como se le da a un médico, enfermera, abogado quienes para ejercer su profesión indiscutiblemente requieren tener una cédula profesional que respalde sus conocimientos en la materia, lo que hasta ahora no a sucedido con el llamado “cuarto poder”, donde cualquier persona con estudios en cualquier cosa o sin ellos puede ejercer como periodista o comunicador sin ningún problema, lo que no solo ha devaluado esta profesión, sino que ha fomentado la corrupción, la desinformación y el llamado “chayote”, entre los medios de comunicación, pero sobre todo, ha puesto en riesgo a los verdaderos profesionales de la comunicación.
Sin temor a equivocarme, podría asegurar que los médicos, enfermeras y abogados… que han perdido la vida por ejercer su profesión son casos contados, en comparación con los crímenes cometidos en contra de periodistas y comunicadores; de acuerdo a la información documentada por la asociación Artículo 19, en México del año 2000 a la fecha ha sido asesinados 124 periodistas, crímenes posiblemente relacionados con su labor periodística, lo que demuestra que en nuestro país el periodismo y la comunicación se han convertido en una profesión de alto riesgo, sobre todo para quienes se atreven a ejercer con libertad su profesión e informar objetiva, veraz, oportuna y libremente; por lo que indiscutiblemente es momento de que la protección a periodistas comience por dejar de ver la comunicación como un oficio y se le dé el valor de profesión en la que se requiera de una cédula profesional para ejercer y ostentarse como comunicador y periodista.
Por otra parte, ninguna Ley de protección a periodistas o protocolo va a funcionar, si no se regula la publicidad oficial de los gobiernos federal, estatal, municipal la discrecionalidad con la que es manejada es un atentado contra la libertad de expresión y el derecho que tiene la sociedad a estar informada.
La publicidad oficial no solo ha servido para agredir, vetar y censurar a comunicadores y periodistas, sino para ocultar, minimizar o engrandecer información gubernamental, además que ha sido utilizada para desviar, triangular y lavar recursos públicos a través de los famosos “retornos o moches”, lo que indiscutiblemente se convierte en una barrera que limita el ejercicio periodístico y la libertad de expresión de periodistas y comunicadores al quedar supeditados a un contrato de publicidad oficial, por lo que, bajo este contexto la libertad de expresión tiene precio y límites.
Sin embargo, para que una Ley de Protección a Periodistas o protocolo, funcione debe de existir una institución que la haga valer, que realmente cuide y proteja los intereses de periodistas y comunicadores y no los de un político o de un gobernante al que le deba favores y su posición; como sucede actualmente en Colima donde la supuesta Comisión General para la Protección Integral de Ejercicio Periodístico (COPIP), que fue nombrada por el Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta, al que pareciera estar pagándole el favor, al demostrar su parcialidad y servilismo al mandatario estatal, por lo que está comisión y su actuar es un claro ejemplo del desampara en el que se encuentran los periodistas y comunicadores de la entidad, donde el nivel de protección y atención que pueden recibir ante una agresión depende de su buena relación con el Gobierno Estatal.
Sin duda alguna el Congreso Local, antes de realizar cualquier acción legal para garantizar la protección a los periodistas y comunicadores, deberá tomar en cuenta lo expuesto, además de que tendrá la responsabilidad de crear una nueva Comisión de protección a Periodistas y Comunicadores electa por personas externas sin interés políticos ni gubernamentales; toda vez que la Copip no cumple la función para lo que fue creada al ser una institución dependiente de Gobierno del Estado y por lo tanto, deberá de ser tomada como tal; de lo contrario de nada servirá cualquier esfuerzo u ordenamiento legal que se realicen para garantizar la libertad de expresión y protección al ejercicio periodístico en Colima, si se mantienen las mismas estructuras y los mismos vicios.
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