*Solicita el diputado Rigoberto García Negrete a ambos organismos investigar denuncia y hostigamiento a la regidora Laura Montes
Colima Col.- El Diputado local de Tecomán, Rigoberto García Negrete, presento por escrito solicitando la intervención del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (Osafig) del estado de Colima y a la Comisión de los Derechos Humanos, de la misma entidad, para que intervengan en la denuncia contra el Ayuntamiento de Tecomán y el hostigamiento de funcionarios públicos de la administración que preside Elías Lozano Ochoa.
El Secretario de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental en la Sexagésima Legislatura, Rigoberto García Negrete, señalo que de la denuncia pública hecha por la Licenciada Laura Patricia Montes Camacho, Regidora del H. Ayuntamiento de Tecomán, de que tres personas adscritas a la Dirección de Servicios Públicos del Municipio de Tecomán, cobraban como funcionarios de dicha dependencia municipal sin que estos se esten presentando a laborar, lo que comúnmente se conoce como “aviadores”, inclusive, se habla de que se trata de familiares de funcionarios municipales.
Fue un acto público y conocido en diversos medios de comunicación añadió García Negrete, que en represalia por la denuncia hecha por la Licenciada Laura Patricia Montes Camacho, la Contraloría Municipal inicio una investigación y le requirió que presentara las pruebas de lo que había señalado, caso contrario, se procedería administrativamente en su contra, lo que resulta totalmente incongruente si partimos del hecho de que la Contraloría Municipal cuenta con una unidad de investigación y otra de sustanciación, esto es, que la actividad investigadora le corresponde a la Contraloría cuyo punto de partida, es precisamente el señalamiento de las personas que están cobrando sin presentarse a trabajar.
Al respecto, añadió García Negrete, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Lo que resulta acorde a lo que dispone el arábigo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima que precisa que los recursos y fondos públicos que administren, custodien o ejerzan los poderes del Estado, los municipios, los órganos autónomos previstos en esa Constitución, los organismos descentralizados contemplados en las leyes, empresas de participación pública, fideicomisos públicos del Estado y municipios, así como a cargo de cualquier persona física o moral, pública o privada, se manejarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados, señalo el legislador.
Por tal razón y como ya se dijo, externo el entrevistado, al tratarse de recursos públicos que pueden estar siendo malversados y con motivo de la denuncia pública hecha por la Regidora Laura Patricia Montes Camacho, resulta necesario que conforme a sus atribuciones legales, ese Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental atienda la denuncia que hizo la munícipe e inicie un procedimiento de investigación para descartar que los recursos públicos no estén siendo malversados y caso contrario, se proceda conforme a derecho corresponda, pues en una entrevista radiofónica dada por la munícipe señaló que hay un aproximado de un millón de pesos que se ha pagado a tres personas sin que estas se hayan presentado a trabajar, lo que sin duda, refleja un daño a la hacienda pública.
Asimismo, García Negrete, solicitó la valiosa intervención de manera oficiosa de la Comisión de Derechos Humanos para que se inicie una investigación ante la posible vulneración de derechos humanos y se dicten medidas cautelares para el efecto de que la Licenciada Laura Patricia Montes Camacho, Regidora del H. Ayuntamiento Constitucional del Tecomán, Colima, no sea amenazada, amedrentada o limitada en sus derechos humanos de poder expresar y manifestar sus ideas, pensamientos y reclamos como lo hizo, pues es respetable y admirable que como representante popular y ante la posible malversación de recursos públicos, se haga el reclamo pertinente, finalizo.
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