*El diputado Armando Reyna, presidente de la comisión de Resposabilidades dijo que si violó la ley pero son infracciones leves ( no graves)
Colima Col.– Este miercoles, diputados de MORENA y aliados aprobaron el dictamen de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde solicitó al legislativo sanciones a la gobernadora del Esatado, Indira Vizcaíno ante las infracciones acreditadas durante el periodo de veda electoral en el proceso de Revocación de Mandato.
El dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades calificó como no graves dichas infracciones que se tuvieron por acreditadas en las sentencias de referencia a la titular del Poder Ejecutivo de Colima; por lo que sólo se emitió un Exhorto para que conduzca su actuar bajo los parámetros y las reglas que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente a lo previsto por el artículo 35 fracción IX numeral 7, en lo que corresponde a la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.
Las faltas señaladas por la Sala Regional Especializada del TEPJF, en las que acreditan la participación de la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima y que calificaron como propaganda gubernamental se refieren a:
1). Un desplegado difundido el 12 de marzo en redes sociales firmado por gobernadores y gobernadoras en el que dieron a conocer su postura respecto de una resolución del Parlamento Europeo, señalando que los países del viejo continente persisten en intervenir en los asuntos de otros pueblos.
2).- Una publicación difundida el 10 de febrero en redes sociales por parte de la titular del Poder Ejecutivo Estatal en la que anuncia la visita a Colima del titular de la Secretaría de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, así como una reunión de trabajo en la que se llevaron a cabo acciones de coordinación en materia de seguridad.
Ante ello, la Sala Regional Especializada del TEPJF determinó existente la vulneración a las reglas para emitir propaganda gubernamental, puesto que, dada su temporalidad, contenido y finalidad, se subsume en un supuesto de prohibición constitucional establecido en el artículo 35, fracción IX, numeral 7, de la Constitución, y no versa sobre alguna de las excepciones a esta prohibición, a saber: servicios educativos, salud, o las necesarias para la protección civil.
Así también, el dictamen elaborado por la propia Comisión de Responsabilidades, leído en tribuna por el diputado presidente de esta comisión, Armando Reyna Magaña, determinó que es improcedente iniciar juicio político, puesto que no se está ante actos graves que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; por lo que, más allá de las que regulan el juicio político, no existen normas, ni de carácter constitucional, ni legal, que doten al Congreso del Estado con las facultades o mecanismos para imponer sanciones de otra índole a funcionarios públicos, salvo a aquellos que se desempeñen como servidores públicos del mismo y estén bajo su adscripción en caso de responsabilidades administrativas.
Es así que la falta acreditada no se encuentra en ninguna de las hipótesis previstas para la procedencia del Juicio Político contenidas en los preceptos constitucionales locales 120 y 121 y su correlativa Ley de Juicio Político del Estado de Colima.
En contraparte, diputados de MORENA y aliados aprobaron un exhorto para que “se lleven a cabo las investigaciones pertinentes a fin de aclarar hechos, deslindar responsabilidades y en su caso, formular las denuncias correspondientes por los posibles hechos de corrupción, lavado de dinero y la posible comisión de delitos electorales a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas y de Carlos Arturo Noriega García”, tras los audios que se dieron a conocer a través de redes sociales.
“Como la mayoría de ustedes habrán visto, ayer por la noche la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, nos brindó una nueva joya que representa una fotografía de cuerpo entero de ese fósil corrupto que es el PRI, pero que, además, nos da unas pistas interesantes sobre la forma de proceder de ciertos actores políticos locales”, indicó la diputada local Yommira Jockimber Carrillo Barreto, al dar lectura a este punto de acuerdo.
En el documento se señala, “por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, es nuestra responsabilidad dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía General de la República, y a la Unidad Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía General del Estado de Colima para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo las investigaciones pertinentes a fin de aclarar hechos”.
Carrillo Barreto añadió que “resulta fundamental para este H. Congreso del Estado de Colima, para la sociedad colimense, y para la salud pública de la República misma, hacer un respetuoso llamado de colaboración interinstitucional a las diferentes autoridades referidas, para que puedan iniciarse las investigaciones correspondientes, se practiquen las diligencias pertinentes, se hagan llegar de las pruebas necesarias, que permitan arribar a la verdad, deslindar responsabilidades y en su caso, fincar las que correspondieran”.
Dicho documento fue sometido a consideración de la asamblea por parte de las y los diputados Yommira Jockimber Carrillo Barreto; Armando Reyna Magaña; Isamar Ramírez Rodríguez; Sonia Hernández Cayetano; Julio Cesar Cano García; Alfredo Álvarez Ramírez; Francisco Rubén Romo Ochoa; Colima Nataly Méndez García y Andrea Naranjo Alcaraz; del Grupo Parlamentario de MORENA; David Lorenzo Grajales Pérez y Sandra Patricia Ceballos Polanco, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Ignacio Vizcaíno Ramírez y Glenda Yazmín Ochoa, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, así como Myriam Gudiño Espíndola, del partido Nueva Alianza, y Evangelina Bustamante Morales, del Partido del Trabajo.
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