PARACAÍDAS
Rogelio Guedea
Nuestro país se ha convertido en uno de los peores lugares para ejercer el periodismo. Es igual o peor de peligroso que ejercerlo en un país en guerra. Un número significativo de periodistas mexicanos han sido asesinados en el ejercicio de su profesión, por razones que -pese a que se vinculan en automático al crimen organizado- nunca están claras.
Como en nuestro país la verdad (sobre todo la relacionada con el ejercicio del poder) siempre es moralmente reprochable y, por tanto, casi siempre, legalmente reprobable, entonces llegar a ella desde el periodismo implica un riesgo, riesgo que, en el mejor de los casos, te podría costar un linchamiento mediático, sino es que la muerte.
Esto es: si yo advierto que un servidor público ha cometido actos de corrupción y ese servidor público es poderoso o muy poderoso, entonces, para contrarrestar las consecuencias de esta denuncia, aprovechándose de su poder puede activar una campaña mediática de desprestigio en mi contra en la que se me acuse de chayotero, de mentiroso y de nada imparcial.
Con esta estrategia, el acusado no logrará quitarse el peso de la verdad que se le imputa (pues, en la mayoría de los casos, no se hace nada para demostrar lo contrario), pero sí, por lo menos, desacreditará al depositario de la misma (el periodista), para esencialmente deslegitimarla.
Lo anterior ocasiona uno de los peores males que carcome el ejercicio periodístico en la actualidad: la autocensura, propia de los regímenes autocráticos. La situación por la que atraviesa en este momento el periodista Javier Montes Camarena podría ser un buen ejemplo de esta situación que advierto. Montes Camarena había venido denunciando actos de corrupción por parte del director de puertos de Manzanillo, Héctor Mora, y, en respuesta a esto, fue demandado civilmente por daño moral por parte del referido funcionario.
Yo, en realidad, no veo nada mal en que alguien que se siente acusado injustamente acuda a los tribunales para buscar justicia, aun cuando exista desventaja entre ser un servidor público con un rango de poder importante y un periodista sin esa misma ascendencia, lo que ya de entrada hace desigual la batalla legal. Pese a esto, la vía es admisible, pues también hay que reconocer que existe un sector del periodismo (local y nacional) dedicado a la
mera extorsión, sin aportar nada al enriquecimiento de la opinión pública.
Sin embargo, lo inadmisible son las amenazas de muerte que el periodista Montés Camarena denunció que recibió del funcionario Héctor Mora durante un encuentro fortuito en un bar de convivencia familiar en Manzanillo, hace unos días. Según la versión de Montes Camarena, que incluye testigos presenciales, el funcionario, en estado inconveniente, lo ofendió por más de media hora y lo amenazó con desaparecerlo.
El periodista denunció este hecho y si bien como respuesta obtuvo el apoyo de una parte importante del gremio periodístico (ningún pronunciamiento, sin embargo, de la Comisión de Protección Integral al Periodista de la entidad), también se desató una campaña de desprestigio (como la que he referido anteriormente) en su contra, una campaña que en el fondo lo que nos quiere decir es quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Ante este escenario, como decía, no nos quedaría más remedio que la autocensura, con lo cual, por consiguiente, promoveríamos no sólo la corrupción sino, lo que es peor, la impunidad en el ejercicio público, pues el periodismo, que ha sido tan importante para democratizar instituciones y sistemas, sobre todo en las sociedades con regímenes autocráticos, quedaría reducido a una mera labor decorativa, que es finalmente la que quisieran todos los funcionarios públicos.
Por eso creo importante que este mal precedente (el de un funcionario amenazando de muerte a un periodista) no pase inadvertido y, sobre todo, de tipificarse plenamente como delito no quede impune, de esta manera evitaremos sentar un precedente del que, como sociedad,
lamentaríamos las consecuencias.
Rogelio Guedea
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