ESTACIÓN SUFRAGIO
Adalberto Carvajal
Una reunión similar a la que se tuvo este jueves con el director general del IMSS, se realizó en diciembre pasado. Y en ese entonces fue claro el compromiso del titular del Seguro Social para con la causa propuesta por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado:
Refrendar el convenio que les permite a los burócratas de Colima mantenerse en la modalidad 10 de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, mediante una cotización de 4.1 salarios mínimos.
El problema es que en diciembre el director del IMSS era Germán Martínez, y él fue el primero de los funcionarios de primer nivel en el gabinete ampliado del presidente López Obrador en renunciar al gobierno federal. Afortunadamente, según ha trascendido, la simpatía para con la causa sindical no fue menor en el actual director del Seguro Social, Zoé Robledo.
No inclinarse de entrada por la postura patronal era insólito en un personaje como el ex presidente nacional del PAN, pero Robledo a diferencia de Martínez tiene una larga trayectoria como militante de izquierda. De hecho, Zoé se pasó a la naciente Morena siendo senador, para ser electo diputado federal por el partido de López Obrador en los comicios de 2018. Al arrancar el sexenio de la 4T, solicitó licencia para asumir una subsecretaría en Gobernación, antes de sustituir a Germán en el IMSS.
CONSERVAR DOBLE PENSIÓN:
La otra gran diferencia entre la reunión de diciembre de 2018 y la del 26 de septiembre de 2019, es que en aquella ocasión acudieron con la representación de Colima el gobernador Ignacio Peralta y el secretario general del STSGE, Martín Flores, solamente acompañados por los secretarios de Administración, Kristian Meiners, y de Finanzas, Carlos Noriega.
Esta semana, en cambio, acompañaron al mandatario y al líder sindical los senadores de mayoría Joel Padilla y Gricelda Valencia, así como Gabriela Benavides por la primera minoría. Además, porque el cambio de adscripción en el IMSS afectaría también a trabajadores municipales, participó en el encuentro el dirigente de la Unión de Sindicatos burocráticos, Irvin Isáis.
Como en diciembre, la patronal manifestó una postura sustentada en argumentos económicos: según los responsables de las finanzas públicas, ya no es contablemente posible seguir pagando las cuotas patronales para mantener a los trabajadores al servicio del Gobierno; y además el nuevo régimen de Pensiones garantiza el pago de éstas y de las jubilaciones.
Sin embargo, ya sabemos que esto último ocurrirá si y sólo si la administración estatal y las municipales se ponen al corriente en las aportaciones que corresponden a las instituciones. Sobre todo, en las aportaciones individuales que los patrones han retenido a sus trabajadores, pero que todavía no han enterado al recién creado Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol).
SEGURIDAD SOCIAL PLENA:
La representación laboral, en voz de Martín Flores Castañeda, reiteró su propuesta de mantener el convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social.
Pidieron a Zoé Robledo: “que se respete nuestro derecho laboral y una antigüedad de cotización que tenemos en la modalidad 10 en la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS, es decir, mantenernos tal y como estamos, con un salario promedio de cotización de 4.1 salario mínimos”.
La modalidad 10, en la que los burócratas del estado se encuentran desde 1981, da a los trabajadores sindicalizados coberturas de seguro para enfermedades, maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, cesantía y vejez, así como servicio de guardería.
Con la modalidad 38 sólo tendrían derecho a seguro de enfermedad y maternidad, así como riesgo de trabajo, pero no a la pensión y jubilación que les ofrece la 10.
De no refrendarse este convenio “y cambiarnos de la modalidad 10 a la 38, se afectaría a más de 18 mil compañeros trabajadores” del gobierno estatal, los municipios y organismos descentralizados, dijo Martín en esa junta.
JIPS VA CON EL SINDICATO:
En la reunión realizada en las oficinas centrales del IMSS, el gobernador José Ignacio Peralta “manifestó su interés y disposición de ir junto con el Sindicato en la búsqueda del convenio con el IMSS”, dice un comunicado del STSGE.
Esto marca una distancia personal a lo que ha trascendido es la posición de uno de sus colaboradores, empeñado en ahorrar dinero a costillas de la seguridad social de los trabajadores.
De ser cierta, esa postura no escondería un sesgo ideológico. Un cierto rencor de clase hacia una burocracia que, según la mentalidad patronal, no tiene por qué tener doble jubilación.
La verdad es que puede tenerla si cotiza, es decir, si ahorra para ello. Eso lo sabemos muy bien los trabajadores de la Universidad de Colima que, además de la jubilación institucional aspiramos a recibir la pensión del IMSS, y lamentamos haber perdido la tercera pensión que amparaba el Fondo Social de Apoyo al Pensionado, el original Fosap que legó el rector Humberto Silva.
La propuesta sindical que hizo suya el gobernador Peralta Sánchez, ha sido respaldada públicamente por los senadores de Colima ya mencionados, aunque los burócratas también entregaron cartas con esa misma petición a los diputados federales, entre ellos al colimense Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, quien en realidad representa al electorado del distrito 13º de la Ciudad de México.
No se conoce la opinión de ninguno de los otros legisladores y entre la burocracia es patente el temor de que los congresistas sigan una línea en contra de la segunda pensión (la del IMSS, además de la de Pensiones), lo cual sería una solución neoliberal indigna de una mayoría progresista.
MENTALIDAD PATRONAL:
La idea de cambiar la adscripción de los trabajadores al Seguro Social para bajar el gasto corriente (y reducir el déficit) surgió del ala más dura del gabinete económico.
Esa misma corriente que en su momento buscó una reforma al sistema de Pensiones que implicara borrón y cuenta nueva en las deudas con el actual Instituto correspondientes a las aportaciones patronales; una reforma que, literalmente, descargaría sobre el trabajador el mayor peso de los ahorros que es necesarios tener para fondear el nuevo esquema de retiro.
La resistencia sindical impidió que la reforma a Pensiones fuera lesiva para los trabajadores. Si bien éstos aceptaron nuevas condiciones, también la patronal deberá hacer sacrificios.
Para los trabajadores que ingresen a trabajar a partir de 2019, se amplió el número de años de servicio que deben cumplir antes de retirarse. Y para todos los trabajadores en activo, irá aumentando progresivamente el monto de las aportaciones individuales hasta llegar a un tope.
Se busca que cada quien cotice lo suficiente en proporción a la pensión que espera recibir al jubilarse. Y en previsión al número de años que llegue a vivir, en una época en que la esperanza de vida se ha extendido hasta los 80 años.
Es innegable que el sistema de Pensiones se usó en otros años como caja chica del Gobierno, cuando no como fuente de financiamiento a fondo perdido de funcionarios y líderes sindicales. Pero ese pasivo se tiene que reponer, de otra suerte el sistema de Pensiones será inviable.
CONVIENE A AMBAS PARTES:
Cambiar a los trabajadores sindicalizados a la modalidad 38 –como ya hicieron con los trabajadores de confianza– solucionaría el problema de caja que tiene el Gobierno del Estado, pero a la larga comprometería aún más las finanzas públicas.
Los burócratas piden les sea respetado el convenio original de incorporación al IMSS, porque eso garantiza la atención médica y la prestación de otros servicios enfocados al bienestar.
Si no los reciben del IMSS, el patrón tendrá que prestar esos servicios directamente ya sea mediante la creación de un instituto de seguridad social propio –una suerte de Issstecol, ya sea contratando el seguro médico con el ISSSTE o, incluso, subrogando los servicios a médicos particulares como ya hace el gobierno estatal con la cobertura a los maestros afilados a la Sección 39 del SNTE.
Lo más barato, lo ya probado y lo menos complicado es mantener a los burócratas en la modalidad 10, mediante un convenio que fija la cotización de la cuota obrera en 4.1 salarios mínimos. Es lo más conveniente también porque hacer que el trabajador pague la póliza en función de su salario real, impactaría tremendamente en la cuota patronal.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.
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