*Román Pablo Rangel Pinedo, titular del Órgano Interno de Control de Manzanillo es investigado por intentar cancelar una terminal de fluidos que generará más de mil empleos nuevos e inversiones de más de 800 millones de pesos
El 27 de noviembre la Procuraduría General de la República (PGR) inició una carpeta de investigación en contra de Román Pablo Rangel Pinedo, titular del Órgano Interno de Control de Manzanillo, a quien se le acusa de diversos actos que supuestamente intentar cancelar una terminal de fluidos que generará más de mil empleos nuevos e inversiones de más de 800 millones de pesos.
En diversos medios de comunicación nacional se da a conocer esta”trama” de la API Manzanillo y se destaca que el equipo de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado la llegada de capital que genere nuevos trabajos y detone la actividad económica regional en entidades como Colima, por lo que la terminal de fluidos es importante tanto para generar empleos bien remunerados como para consolidar los planes del nuevo gobierno en materia energética.
Por lo mismo, representantes de la próxima administración recibieron un expediente y la denuncia de la PGR en contra de Román Pablo Rangel Pinedo, por lo que revisarán a detalle las acciones que realice el funcionario este viernes 30 de noviembre durante la reunión de Consejo de la API de Manzanillo, ya que podría intentar boicotear un contrato que genera inversión y empleos.
De continuar las indagatorias y comprobarse las acusaciones, Rangel Pinedo podría ser el primer titular del OIC acusado y sentenciado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Incluso, la Secretaría de la Función Pública, actualmente en manos de Arely Gómez y que pasará a Eréndira Sandoval, también indaga la actuación de este servidor público por lo que colaborarán con la PGR que titula Alberto Elías Beltrán si es que existieran actos fuera de la ley.
La misma SCT que encabezará Javier Jiménez Espriú sabe que el proyecto otorgado a la empresa Logística de Fluidos y Graneles S.A. de C.V., generará inversión y desarrollo del puerto más importante del país.
Incluso, el pasado 25 de octubre de 2018 el Juzgado Segundo del Poder Judicial de la Federación negó la suspensión definitiva que solicitó un tercero que también intentó detener el contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones que entregó la Administración Portuaria Integral (API).
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