PARACAÍDAS
Rogelio Guedea
No conformes con los estragos que está causando la pandemia del Covid-19, la cual se recrudecerá ahora que ha comenzado la Nueva Normalidad, la violencia sigue en su espiral expansiva a lo largo y ancho del país, Colima sin excepción. Han aumentado los crímenes dolosos, los asaltos a mano armada, los robos, y en general la inseguridad en gran medida producto de una mala redirección de la política económica nacional y, además, de una enrarecida forma de relacionarse el gobierno federal con el crimen organizado, sin dejar de ponderar, claro está, las consecuencias que está dejando la pandemia en la economía de nuestro país.
Pero lo que parece ser el caso paradigmático de este crecimiento exacerbado de la violencia lo está siendo el asesinato de siete policías estatales en el vecino estado de Jalisco, cuyos cuerpos fueron encontrados abandonados a su suerte en la comunidad de Los Cedros, al norte de Manzanillo. Los policías estatales, algunos con doce años de antigüedad y con buenas acreditaciones en los sistemas de control de confianza, estaban cumpliendo con la responsabilidad de custodiar a unos empresarios mineros cuando fueron secuestrados en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.
Eran originalmente doce, pero cinco de ellos –tres mujeres y dos civiles- fueron liberados, mientras que los otros siete fueron encontrados muertos en el desolado paraje. Se dice que los policías llevaban un oficio de custodia, pero esto al parecer ha sido negado por las autoridades policiales del gobierno de Jalisco, quienes incluso se han querido deslindar de toda responsabilidad (argumentando incluso que el crimen no sucedió en su jurisdicción, cuando no fue así).
La Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado en el cual, cuidando la secrecía y el debido proceso, ha informado que se enfocará en el esclarecimiento de este macabro multihomicidio, como ya lo está haciendo, sin embargo quedan muchas dudas y opacidades con respecto a la forma en que la Dirección de Seguridad Pública Estatal actuó desde el momento en que se les asignó esta comisión a los policías estatales, quizá sin saber (o sabiendo) del peligro que esto implicaba.
Si bien no debemos perder de vista que lo peor de todo esto es el crimen cometido en contra de los policías estatales (pues más allá de su investidura son vidas humanas, individuos con familias, hijos, etcétera), será muy importante también saber quién dio la orden de esta comisión, por qué se hizo de esa manera, qué violaciones al proceso hubo al respecto y, sobre todo, cuáles son las motivaciones de fondo de este crimen, pues cuando uno trata de encontrarle su propia lógica y razón de ser, lo único que aparece a la vista es confusión: ¿Por qué asesinar a los policías y no a los empresarios a quienes custodiaban? ¿por qué soltaron a unos y a otros los mataron? ¿qué intereses hay detrás de esto que parece a simple vista un procedimiento de custodia de rutina? Etcétera.
El gobernador del Estado ha emitido un comunicado en el cual ha pedido que se investigue a fondo este macabro asesinato, y ha dicho textualmente lo siguiente: “ya ordené una exhaustiva investigación al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, para que se analice la cadena de decisiones, la actuación de los funcionarios y el cumplimiento de protocolos, con el objeto de que se determinen responsabilidades.”. Ojalá de verdad no sólo se finquen las responsabilidades correspondientes a quienes resulten responsables de las causas que originaron este homicidio, sino también que se dé con quienes lo cometieron, finalmente los mayores responsables del mismo
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