PARACAÍDAS
Rogelio Guedea
En un escenario ideal, si todos los candidatos (arropados en sus propios partidos, coaliciones o en sí mismos, cuando son independientes) se ciñeran a los ordenamientos legales electorales, al final de la elección lo que tendríamos serían puros ganadores irrefutables, de tal manera que las impugnaciones no tendrían ni lugar ni sentido. Pero como este escenario ideal no existe, y se sabe que los candidatos (arropados… etcétera) son susceptibles (deliberada o inconscientemente) a violentar la ley electoral, entonces las impugnaciones devienen en un derecho irrestricto para aquellos que sintieron haber competido en la elección de manera desigual y, eventualmente, injusta.
Por eso, nadie debería llamarse ofendido cuando una parte se inconforma con los resultados obtenidos e impugna una elección, pues es un derecho que incluso puede haber sido usado por la parte impugnada de haber llegado a ser la perdedora. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, lo que me parece muy discutible es que, no habiendo escenarios ideales en las elecciones y sabiendo claramente que tanto unos candidatos como sus adversarios echan mano de prácticas poco respetuosas de la ley electoral para ganar las elecciones, el derecho a impugnar se convierte en estos casos en una injusta prerrogativa pues se alza sobre una competencia que, en el fondo, fue llevada a cabo de forma desleal por ambas partes, lo que de entrada convierte la competencia en equitativa ya que (vaya paradoja) ambas partes violentaron las leyes electorales (queriendo o sin querer) para ganar la elección, sólo que una de las parte se sobrepuso a la otra.
La parte que impugna, por tanto, lo hace asumiendo que su actuar en las elecciones resultó intachable, cuando en realidad sabemos que no fue así (salvo, seguramente, en muy pero muy contadas excepciones). Todo lo anterior lo podemos probar al darnos cuenta que las mismas elecciones que algunos partidos impugnaron sobre sus oponentes en aquellos casos que perdieron también les fueron impugnadas en aquellos casos donde ganaron. La elección, por ejemplo, que ganó la candidata morenista Indira Vizcaino a la gubernatura fue impugnada por la coalición Va X Colima, con Mely Romero al frente, mientras que la candidata morenista a la alcaldía de Colima, Gisela Méndez, impugnó la elección que ganó la candidata de la coalición Va X Colima, Margarita Moreno, usando en ambos casos similares argumentos.
En el escenario que planteo, ambas elecciones, al neutralizarse por haber competido en igualdad de circunstancias, no tendrían ninguna razón de ser, de ahí la importancia del reconocimiento de la victoria, por parte de unos, y de la aceptación de la derrota, por los otros. El silogismo, por tanto, lo podríamos reducir a dejar las cosas como están (a los ganadores con su triunfo y a los perdedores con su derrota) pues la repetición de una elección en escenarios no ideales tiene costos tan altos para la sociedad que a veces dan ganas de sacrificar a nuestra endeble democracia en aras de no volver a mancillar las necesidades más apremiantes de nuestra apaleada ciudadanía.
O para decirlo usando un dicho popular: primero comer que ser democrático, y más teniendo en cuenta los daños que ha dejado la emergencia sanitaria que, por lo demás, todavía no termina. No se sabe en qué vaya a terminar, finalmente, esta fiebre de las impugnaciones ya en curso (y ojalá los políticos sean sensibles a ello), pero en cualquiera de los casos el costo de ellas lo seguirán pagando los colimenses, incluidos aquellos -que es lo peor- que ni siquiera votaron, y la verdad es que seguirá siendo muy injusto que así sea.
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