PARACAÍDAS
Rogelio Guedea
En países del primer mundo las universidades siguen siendo las rectoras del progreso y el desarrollo de la sociedad. Las universidades son voces autorizadas y solventes para opinar e, incluso, para avalar las políticas públicas implementadas por los gobiernos, sean de la extracción política que fueren.
Yo creo que los conocimientos que se generan en una universidad son letra muerta si no van a parar a la resolución de las problemáticas sociales, si no buscan por lo menos aminorarlas o, incluso, si no las visibilizan a fin de que el gobierno pueda poner manos a la obra en resolverlas, aun contra su voluntad.
No hay ámbito del quehacer gubernamental en el que no sea de utilidad el saber generado por una universidad, pues en ella se atienden todas las disciplinas (económicas, políticas, agropecuarias, culturales, médicas, etcétera) que se requieren para la gobernanza, todo ello desde una perspectiva científica o muy cercano a ello.
Por eso me da gusto que la recientemente creada Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría General de Justicia) haya reconocido la importancia de la Universidad en este sentido y haya decidido firmar un convenio de colaboración recíproca mediante el cual la Fiscalía pueda recibir el apoyo de nuestra máxima casa de estudios en el proceso de transición de lo que fuera antes la Procuraduría General del Estado a lo que es hoy la Fiscalía General, avalando cada uno de sus procesos en las diferentes áreas que conformarán la Fiscalía, mientras que este nuevo organismo autónomo, en reciprocidad, abrirá espacios para que los estudiantes universitarios puedan realizar ahí sus prácticas profesionales y, eventualmente, también tengan la oportunidad de trabajar en el mismo, con prioridad sobre los profesionistas foráneos.
No es gratuito que esta colaboración se cristalice de esta manera si recordamos que el actual fiscal general de nuestra entidad, Gabriel Verduzco, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, de la cual yo egresaría también, y siempre se ha sentido orgulloso de tener dicha procedencia formativa. Además, fue una exigencia de los diferentes gremios de abogados que la titularidad de la Fiscalía recayera en un colimense (fuera de arraigo o de nacimiento), esto en virtud de que atendería con mayor pertenencia las problemáticas profundas de nuestra entidad en términos de impartición de justicia, sobre todo ahora que la violencia ha puesto, como nunca, de cabeza a nuestra localidad.
Si bien la Fiscalía es un organismo autónomo, esto no eximiría a las dependencias del gobierno estatal (secretarías de Estado principalmente) y municipal, así como el poder legislativo (hoy tan desestimado), a que de igual modo pudieran tener el conocimiento universitario como una brújula para la elaboración, implementación y evaluación de sus políticas públicas, lo que sin duda evitaría yerros que después resultan muy lamentables en términos económicos y sociales.
Estoy convencido de que la Fiscalía ha tomado una acertada decisión al convenir esta colaboración mutua con nuestra casa de estudios, pues ambas instituciones unen fuerzas para llevar a cabo un objetivo común en beneficio, finalmente, de la sociedad colimense.
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