Nunca había visto un exhorto de un poder público a un sector privado. Pero ahora que los diputados locales aprobaron un punto de acuerdo para que los medios de comunicación verifiquen su información a fin de que “no generen angustia” por la situación de inseguridad, en mi carácter de presidente de la Comisión de Protección Integral al Ejercicio Periodístico del Estado de Colima (COPIP) me permito hacer algunas precisiones:
1. El punto de acuerdo nunca fue consultado con ninguna asociación periodística, ni con esta comisión a fin de conocer el punto de vista de los profesionales de la comunicación y que se esgrimieran los argumentos del problema.
2. La Constitución Política de los Estados Unidos, en sus artículos 6 y 7, señalan que es inviolable nuestra libertad como periodistas “difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio” y por lo tanto “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión”.
3. Los diputados deben ignorar las resoluciones del año pasado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre derecho de réplica a los que se refieren con la difusión de “información falsa o inexacta” para lo cual ya existe una ley federal al respecto. Pero si no lo han leído, les paso el link: https://www.animalpolitico.com/2018/01/replica-derecho-scjn/
Hay que hacer mención que la mayoría de la información sobre casos de violencia se genera por instituciones públicas, ya sea de manera oficial o extraoficial, y que, muchas veces, son las mismas instituciones quienes obstruyen el trabajo de los periodistas al negarse a proporcionar información.
Es obligación de un periodista verificar y contrastar la información, de cualquier índole, como señala el rigor de nuestra profesión. No es necesario un exhorto para ello.
Saber distinguir a los periodistas profesionales y a los medios éticos corresponde también a nuestros lectores.
Comment here