*Crítica Ricardo Monreal que distintas autoridades como presidentes municipales e incluso gobernadores, que solicitaban apoyo, a través del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas, no contribuían con ningún recurso para combatir la criminalidad de su estado.
Una vez concluidos los Foros de parlamento abierto, la Guardia Nacional entró a su fase final en el Senado donde Morena empuja para aprobarla en los próximos días con los cambios que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también propone otras modificaciones como el que los estados y municipios pagarán con participaciones federales el uso de la Guardia Nacional si no preparan y capacitan a sus policías.
“Eliminar la propuesta para que la Federación tenga atribuciones de revisar las policías estatales y en caso de no ser así, cobrar a los gobiernos locales, de las participaciones federales, la de la Guardia Nacional en las entidades intervenidas”, establece como una de las modificaciones que buscan realizar a la minuta que les envió la Cámara de Diputados.
Una de las principales críticas que se ha hecho a los gobiernos estatales es que han dejado pasar el tiempo y nunca prepararon ni capacitaron policías capaces de enfrentar el crimen organizado.
El documento que distribuyó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal entre su bancada de cara a la discusión de la Guardia Nacional en estos días, critica que distintas autoridades como presidentes municipales e incluso gobernadores, que solicitaban apoyo, a través del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas, no contribuían con ningún recurso para combatir la criminalidad de su estado.
Sin embargo, de cara a la ciudadanía demandaban la desmilitarización del país. “Pero hoy, sin temor alguno deben utilizar parte de los recursos de sus estados, para formar parte abierta y real del combate a la delincuencia”.
Monreal planteó a sus senadores una ruta y argumentos para la discusión de la Guardia Nacional en la que plantea 7 modificaciones a la minuta que aprobó la Cámara de Diputados en enero pasado donde recalca que la dirección de esta corporación tendrá un carácter civil.
Asimismo dejar intocadas las competencias federales de los estados y de los municipios, en materia de seguridad pública, fortalecer los mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno.
También, considerar una ruta para el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, crear una Guardia de policías para el uso de la fuerza, con formación y capacitación en derechos humanos y en materia de género.
De igual manera, considerar mecanismos de control político y jurisdiccional para la evaluación de su desempeño, a través del Senado de la República, y el pagar con participaciones federales el uso de la Guardia Nacional si no preparan y capacitan a sus policías.
RESTITUIR ARTÍCULOS.
En el documento Monreal recalca a sus senadores la necesidad de “restituir”, el artículo transitorio que habla sobre la temporalidad de las fuerzas armadas en las calles, que fue desechado por los diputados y que el presidente López Obrador demandó que se regresara, entre otros puntos.
“Restituir el artículo transitorio que establece que de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada Permanente seguirá prestando su colaboración para la Seguridad Pública”, establece.
Lo anterior, explica, porque los diputados modificaron el Cuarto transitorio y eliminó el Quinto transitorio, lo cual derivó en que los elementos de las Fuerzas Armadas y la Marina, así como la Sedena, no puedan intervenir en cuestiones de seguridad pública dado que el Artículo 129 constitucional se los prohíbe.
Monreal advierte que si en la minuta no se restituye este artículo o una modificación que otorgue el sustento constitucional para que las corporaciones castrenses puedan participar en cuestiones de seguridad pública de manera temporal, tendríamos como resultado un modelo semejante al que actualmente prevalece en el que las fuerzas armadas han venido actuando en estas tareas sin el marco constitucional debido.
“Dada la emergencia que vive el país, es imprescindible asumir el reto de la inseguridad como una responsabilidad del Estado mexicano; que involucre a todos los poderes y a todos los niveles de gobierno”, según el documento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que llegó al Senado.
De esta manera, el gobierno federal establece que se coordinará con los gobiernos estatales, municipales y de la capital del país de una manera más estrecha para focalizar los esfuerzos del combate a los delitos que más aquejan a los mexicanos en aquellas zonas de mayor delincuencia.
“En esta etapa de emergencia que vive el país en materia de inseguridad es una obligación política elemental promover el entendimiento, la voluntad y la identificación en fines comunes entre los tres niveles de gobierno para contener, reducir y eliminar la espiral de violencia criminal que azota al país. No se trata de privilegiar los intereses de un partido o del gobierno, sino de la República. Mientras alguna autoridad se debate en conflictos políticos, el crimen avanza de manera organizada”, concluyó.
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