El Plan B de la Contra/reforma electoral.

Carlos Ramiro Vargas

La llamada eufemísticamente “reforma electoral” o “Plan B”, con la que se pretende cambiar las reglas de operación del INE, tanto  por AMLO presidente, como por sus fanatizados morenistas en el Congreso de la Unión, es ante todo, una contra/reforma reaccionaria, retardataria, de ambiciones tiránicas y totalitarias, que lejos de mejorar los términos en los que se desempeñan los procesos electorales, en el país,  los entorpece y degrada en grado sumo en todos los aspectos substantivos; que en las últimas tres décadas han distinguido al Instituto Nacional Electoral, INE, -mexicano-, como una de las instituciones más ejemplares del mundo en el ámbito de la organización, financiamiento, transparencia, operación, regulación y administración de las elecciones a escala federal.

Con 265 votos a favor y 207 en contra del llamado “Plan B”, la mayoría de los diputados morenistas y sus aliados del PT y del PVEM, aprobaron en esta primera quincena diciembre del 2022, un conjunto de modificaciones a la estructura, operación y financiamiento del INE, sin una discusión seria y al vapor, o por burda y simple consigna, para posteriormente ser también aprobada en el Senado de la República, con 69 votos a favor contra 59 en contra. E incluso con la desaprobación del senador morenista, Ricardo Monreal.

La intención de dañar con saña, de disminuir al máximo y de degradar la autonomía orgánica del INE, ya había sido evidente con la absurda propuesta morenista para que los consejeros electorales, sean seleccionados por voto popular y directo, y no por preparación, conocimiento y experiencia en la compleja trama de las ingenierías electorales contemporáneas.

Y lo efectuado este 14 de diciembre en el Senado, celebrado por cierto como una victoria por las legiones de zombies morenistas, senadores, diputados y dirigentes partidarios, no deja duda del ataque vil, emanado desde la cúpula del poder presidencial a un instituto electoral que como el INE, ha actuado con total independencia de los intereses partidocráticos y de un modo definitivamente ciudadanizado.

Es así que con el Plan B se eliminan con alevosía y ventaja, 300 juntas distritales, imprescindibles para la realización de las elecciones, se suprime también de golpe y porrazo el 84 por ciento del personal,  que es parte del servicio profesional de carrera, -altamente especializado en la organización de los procesos electorales-; también se elimina la Junta Directiva conformada por especialistas en la materia, alterando de modo artero y vil, el órgano interno de control electoral cuyas funciones son fiscalizadoras, para encaminarlo a labores de gestión de recursos.

Por otra parte estas contra/reformas a las leyes de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos, relajan indebidamente a la ley general de medios de impugnación en materia electoral, al eliminar las estrictas sanciones a padrones inflados o duplicados de los partidos, así como al permitir que candidatos aún en funciones en sus cargos, puedan hacer proselitismo adelantado con el uso indebido de recursos públicos, cuando no son todavía oficialmente candidatos.

Tal y como está sucediendo con Claudia Sheinbaum, quien ante las llamadas de atención legítimas del INE hacia su muy adelantada e ilegal campaña electoral, responde, haciendo señalamientos de autoritarismo e intervencionismo ilegítimo hacia el INE.

Es decir, el mundo al revés donde los patos le disparan a las escopetas.

Lo que es un hecho, es que semejante contra/reforma tiene un connotado carácter anti/constitucional, al modificar arbitrariamente, sin discusiones serias y sin consensos, 18 artículos constitucionales y siete transitorios. Los diputados y senadores de oposición han apuntado además mil, 224 reservas legales a la contra/reforma morenista. En tales circunstancias, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ya anunció que recurrirá a todos los instrumentos jurídicos que estén a su alcance, para detener esta grotesca “reforma electoral”, como controversias constitucionales, la recurrencia a la SCJN o utilizando la figura del –amicus curiae-.

A la luz de todos estos datos, es muy preocupante la eliminación del PREP, el programa de resultados electorales rápidos que da cuenta de las tendencias en las votaciones. O la cancelación de la Secretaria Ejecutiva del Instituto. Así como la arbitraria supresión del servicio profesional de carrera. Ya no se diga la disminución en 3 mil, 200 millones de pesos al financiamiento del INE.

Y en el afán de controlar al INE vía su destrucción estratégica, la conversión de sus Juntas Distritales de permanentes a temporales, como propone el “Plan B”, coloca en la incertidumbre laboral a once mil, 050, trabajadores del Instituto. A ello hay que agregar  2 mil, 048 funcionarios de las 12 direcciones y unidades técnicas, de la sede central a las que se exige reestructurar.

Por si fuera poco, en las Juntas locales se planea una fuerte reducción de funcionarios, reduciendo el número de vocales de 5 a 3, además del personal que les apoya. Con todo lo mencionado anteriormente, más la reducción financiera al Instituto por más de 3 mil millones de pesos, López Obrador, presidente, deja sin pies ni manos a la operatividad del INE. Tomando en cuenta que hasta la fecha, las Juntas Distritales son quienes evalúan el cumplimiento de los programas del Registro Federal de Electores, la Organización de elecciones, la Capacitación electoral así como la educación cívica.

Mientras que en los procesos electorales tanto federales como locales, son responsables de proponer la ubicación y el número de las casillas, capacitar a los ciudadanos que integran a las mesas directivas, además de proponer la cantidad adecuada de asistentes electorales.También apoyan en trabajo de campo a las unidades fiscalizadoras, al ámbito Contencioso electoral y de Prerrogativas, entre otras tareas. Por tanto, las Juntas Distritales poseen aún 12 plazas fijas, más el personal de apoyo de acuerdo a las características de cada distrito.

De acuerdo al “Plan B”, entonces, los órganos distritales de índole permanente pasan a ser temporales, disminuyendo su número de 300 a 260.Durante periodos electorales. En total, la reestructuración del INE dejará sin empleo a 15 mil, 164 funcionarios. Así pues, quitar el carácter permanente a las Juntas Distritales equivale a destruir la capacidad del INE, para organizar elecciones.

Al volver temporales a las Juntas Distritales retrocederemos a los comités distritales anteriores a los años 90, que se conformaban por personas impuestas por la secretaria de Gobernación, más en función de su lealtad política que por su capacidad técnica/electoral.

Ante semejante aberración jurídica electoral, propiciada por el mismo presidente AMLO, la reacción de Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, ha sido la de agredir sin fundamento al INE, acusándolo de arbitrario e ilegítimo y exclamando “fuera máscaras”, refiriéndose a los 11 Consejeros del Instituto. Como si su propio proceso político para llegar a ser candidata a la gubernatura, hubiese sido un ejemplo de honestidad y transparencia.

Cuando todos sabemos que fue una imposición burda sin encuestas, sin debate, dictaminada desde las oficinas de Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena. Pero si de parte de Indira, gobernadora, no se puede esperar más que un comportamiento abyecto y servil, hacia el poder presidencial; de parte de la sociedad civil colimense no se percibe reacción alguna, ante este golpe de mano en contra de la autonomía orgánica y el sano funcionamiento del INE.

A diferencia entonces de los colimenses, en el vecino estado de Jalisco, se organizó el Foro Plural Jalisciense, compuesto por personas altamente respetadas por sus con/ciudadanos, en contra de esta retardataria reforma electoral impulsada por Morena, y llamando a la ciudadanía a organizarse para resistir y derrotar semejante embestida fascistoide y totalitaria, mejor conocida como “Plan B” para la Reforma Electoral.

Carlos Ramiro Vargas. Todos los Derechos Reservados.

Stockholm, Sweden, a 17 de enero, 2022.