Carlos Ramiro Vargas
El primer informe de gobierno de Indira Vizcaíno, es ante todo una narración hueca e insulsa, llena de mentiras y verdades a medias que proyectan un Colima ilusorio y contra/puesto a nuestra muy trágica realidad.
Lavándose las manos como Judas Iscariote, la ex funcionaria del pri/gobierno más corrupto y omiso en la historia de Colima, él de Ignacio Peralta-, y actual mandataria estatal, apuntó que la violencia criminal que se vive en nuestra entidad es herencia de los omisos gobiernos anteriores, enfatizando que ya durante su mandato la “estrategia de seguridad” va viento en popa, la cuál es revisada constantemente día con día por los responsables de la misma.
Sin embargo, los hechos demuestran todo lo contrario, pues la llamada “estrategia de seguridad” definida desde el gobierno federal sin el más mínimo aporte de parte del gabinete indirista, sólo consiste en patrullajes y recopilación de los montones de cadáveres que día con día se acumulan, a lo largo y ancho de la entidad.
Sin ninguna aprehensión significativa de los lideres criminales asentados en el estado, y mucho menos con algún tipo de estrategia ofensiva sobre los refugios de los capos, extorsionadores, feminicidas o secuestradores, al estilo del presidente Nayib Bukele, en el Salvador.
Hasta ahora, los miles de refuerzos provenientes de CDMX, compuestos por elementos de la Guardia Nacional, Marina Armada de México o Ejército, no han inhibido en nada la inclemente narco/guerra que implica a más de dos cárteles, -tal y como señala el discurso oficial-, además de que no se ve ningún aporte por parte del equipo de Inteligencia Financiera estatal, como si en el estado no se viviera un enorme proceso de lavado de dinero, proveniente del narcotráfico.
E incluso procesos de secuestro de determinadas franjas de nuestra economía, a escala local, por parte de los cárteles más poderosos, como ya sucede entre los productores de berries en el norte del estado al igual que en el municipio jalisciense de Tonila, colindante con nuestra frontera cuauhtemense, donde el CJNG es absolutamente hegemónico y al cual, le rinden pleitesía tanto las autoridades municipales como los mismos mandos de la policía municipal.
De mucho hubiera servido que la gobernadora Vizcaíno hubiese dado respuesta a la prohibición del gobierno estadounidense, para que sus conciudadanos eviten viajar a territorio colimense.
Algo muy difícil de emitir en el caso de una gobernadora acostumbrada a mentir, -tal y como sucedió cuando se le descubrió que se había aumentado un 200 por ciento su salario, a espaldas del pueblo-, máxime que entre los archivos divulgados por los guacamaya leaks, se denuncia que tanto la Fiscalía de Justicia del estado bajo la dirección de Briant García, al igual que la Procuraduría, se encuentran coludidos con el conocido cártel de las cuatro letras.
De los 825 homicidios dolosos ejecutados en el estado en los primeros once meses del gobierno morenista de la Vizcaíno, y que colocan a Colima en el top del ranking nacional de crímenes dolosos, por cada cien mil habitantes, no hay comentario alguno por parte de la gobernadora, pues ello implicaría reconocer el total fracaso de su fallida estrategia de seguridad, así como su reconocimiento implícito de que ella, Indira, como Ignacio Peralta, son ambos, genocidas por omisión*.
Lo cual exigiría la renuncia obligada de la gobernadora en funciones, que en los demás rubros de su esquema de gobierno, como son el agudo problema de la deuda, la economía, las pensiones, salud, educación, ecología, ciencia y cultura, no hay nada positivo que comentar.
En lo referente al sector Salud, sigue habiendo un enorme desabasto en la secretaría del mismo nombre, y por ejemplo, nada más en el área de oftalmología desde hace más de tres años, es imposible operar de una simple catarata en los ojos, pues no cuentan con el instrumental mínimo para realizar tal intervención quirúrgica.
En el área de la educación, el pasado 23 de noviembre, fecha del informe, la gobernadora sostuvo que se ha invertido en rehabilitación de escuelas tras el último sismo acaecido recientemente, pero olvida apuntar acerca de la desaparición de las escuelas de tiempo completo.
Lo que afectó a 40 mil niños colimenses, mientras el secretario de Educación, Adolfo Núñez, mostrando un servilismo atroz hacia el gobierno federal, fuente de semejante decisión, aprobaba tal e inaceptable atentado contra la infancia colimense.
Y de los 336 obras que la Vizcaíno presume haber realizado, de los 627 millones involucrados en las mismas, el 95 por ciento proviene de dinero invertido por el gobierno federal; o el cien por ciento de la ampliación a seis carriles de la autopista Manzanillo/Armería, o la terminación de la carretera trans/volcánica, Colima-Guadalajara, que Vizcaíno por otra parte se adjudica, diciendo que tras meses de su personal gestión fue concluida, cuando la verdad es que dicha obra había sido gestionada por el ante/penúltimo gobernador Mario Anguiano.
Y así por el estilo, saludando con sombrero ajeno, evadió profundizar en el grave problema de la deuda que Indira ha incrementado inaceptablemente con la banca privada a tasas del 100 por ciento de interés para el gobierno colimense, oficial e institucionalmente declarado en quiebra, por el ex pri/gobernador Peralta Sánchez, hasta la fecha; así como en el no menos grave problema de las pensiones estatales, que también la Vizcaíno ha agudizado en 200 millones de pesos más, para alcanzar la preocupante cifra de mil, 600 millones de pesos, desaparecidos de las pensiones de maestros y trabajadores al servicio del gobierno estatal.
Cuando tampoco hay creación de empleos y ni política ecológica a la altura de los retos de los cada vez más degradados ecosistemas del estado.
Y con un gabinete de pacotilla formado en su amplia mayoría de incompetentes y compadres o cuates del ilegítimo gobernador de facto, su padre, el estalinista ex perredista, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez.
Carlos Ramiro Vargas. Todos los Derechos Reservados.
Sockholm, Sweden, a 12 de diciembre, 2022.
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