ESTACIÓN SUFRAGIO
Adalberto Carvajal
Rindió frutos la alianza con el PRI que le permitió al diputado Vladimir Parra conseguir la coordinación de la bancada de Morena y la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso local.
El antiguo disidente estudiantil consiguió una reforma a la Ley de Movilidad Sustentable para el estado de Colima que establece que ya no será necesario tramitar una credencial de la Federación de Estudiantes Colimenses, para tener acceso al 50 por ciento de descuento en el transporte público.
Con la reforma, este beneficio será universal a todos los alumnos de un plantel escolar, desde primaria hasta posgrado. Y queda, además, asentado en la Ley como derecho lo que fue durante décadas un convenio entre los transportistas y la FEC.
Menos sonado ha sido que las reformas, adiciones y derogaciones a una Ley de Movilidad aprobada apenas en la legislatura pasada y a iniciativa de la administración de Ignacio Peralta, validan la sentencia de acción de inconstitucional dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (expediente número 13/2017).
Esa declaratoria de la Corte responde a la necesidad de privilegiar en todo momento el principio de igualdad contenido en el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según los ministros, la desregulación del transporte público de alquiler en Colima debe estar abierta a todos.
La reforma permite entonces el funcionamiento, sin impedimentos constitucionales, de un servicio de “transporte privado” mediante la modalidad de aplicación (tipo Chofer Pro) que ha sido cuestionado por las organizaciones de taxistas concesionados (los amarillos).
A PUERTA CERRADA:
Una acalorada y casi violenta jornada en el Congreso, donde hubo enfrentamientos verbales y físicos entre los diputados y los manifestantes de la FEC, volvió irrelevante también la comparecencia del gobernador Peralta la misma mañana del jueves.
Nacho, que había sido citado para explicar la operación de compra-venta de los terrenos del nuevo campo militar en Loma de Juárez, mostró a los congresistas la documentación que avala el pago de 200 millones de pesos como ribete por la permuta de los terrenos cercanos a Loma de Fátima por el predio de la Calzada Galván, mucho más pequeño pero con mayor valor comercial.
Con la disculpa de que la información se la había reservado la Secretaría de la Defensa Nacional y no pudieron transparentarla antes, los integrantes de la Legislatura aceptaron la explicación del Gobernador y se dieron por satisfechos en sus dudas, las mismas que debieron haber sido tan serias (a menos que estuvieran exagerando) como para fundar su exigencia de que Peralta Sánchez acudiera al Congreso.
Mientras la reunión con el Ejecutivo en la sala de juntas se transmitió en circuito cerrado, la sesión para discutir y aprobar los dictámenes de las comisiones de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales; de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, y de Educación y Cultura, fue “secreta”.
Habría resultado imposible realizar la votación en el salón de plenos. El recinto parlamentario fue tomado por las huestes de la organización estudiantil y del gremio de transportistas. Mientras, taxis y unidades del transporte urbano y suburbano mantenían bloqueada la Calzada Galván. De nada sirvió el arco de seguridad a las puertas del Palacio Legislativo, el comité ejecutivo de la FEC irrumpió en la casa de los diputados.
SUBIRÁN LAS TARIFAS:
Los diputados que aprobaron la reforma no parecen tener claro el impacto económico y político de universalizar el descuento a los estudiantes.
Entienden, sin duda, el impacto social: niños de primaria y secundaria que no tenían acceso a la credencial de la FEC (en un estado donde no hay transporte escolar), ahora podrán usar el transporte público pagando la mitad de la tarifa. De eso pueden sentirse orgullosos los legisladores.
El problema económico es de otros. Al día siguiente de la aprobación, los transportistas hicieron saber su molestia porque el Estado –del cual forma parte el Congreso– literalmente saluda con sombrero ajeno:
Está obligando al concesionario a ampliar su base de beneficiarios con cargo a sus propios ingresos. Porque la verdad es que en Colima el Estado no subsidia el transporte.
Por ser un servicio público, su prestación le correspondería al sector oficial (Gobierno del Estado o municipios). Sin embargo, desde los albores de esta actividad se ha venido concesionado a particulares, en una lógica de corporativismo priista por cierto.
Los descuentos que originalmente no eran del 50 por ciento o que empezaron siendo exclusivos para estudiantes con credencial de la FEC y luego se extendieron a personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, se calculan con base en los ingresos totales por el pago de pasajes.
Al aumentar el número de usuarios que pagan sólo la mitad de la tarifa, tendrá que aumentar el monto de los ingresos por boletaje para poder absorber esta pérdida. Es decir, los transportistas exigirán –con base en un estado de pérdidas y ganancias– que aumente la tarifa. De este modo, los usuarios que pagan boleto completo absorberían el descuento a los beneficiarios del derecho.
La alternativa a esta lógica mercantil es que el Estado asuma su responsabilidad en el servicio. Tendría que estatizar o municipalizar el transporte, o bien destinar una parte del presupuesto anual para cubrir el déficit de los transportistas.
En Ciudad de México, el servicio de Metro y Metrobús es gubernamental. Y en muchas ciudades, el Estado garantiza con estímulos fiscales la viabilidad financiera del transporte concesionado.
Conociendo las limitaciones económicas del Gobierno local, apuesto a que la solución será aprobar un aumento significativo en las tarifas y no un subsidio estatal.
GOLPE AL CORPORATIVISMO:
Más intrigantes resultan las consecuencias políticas que esta reforma tendrá.
A los diputados del PRI que aprobaron la reforma les interesaba resolver el enredo jurídico que se creó en torno al servicio de taxis de aplicación. Tal como estaba la Ley de Movilidad, cualquier taxista amarillo habría obtenido un amparo en contra de los particulares que prestan el servicio.
Era urgente, pues, salvar la legalidad de Chofer Pro, una franquicia desarrollada a nivel local que –según los propios dirigentes de los taxistas– es propiedad de ex funcionarios de la administración.
Sin embargo, los amarillos se distrajeron pensando que de lo que se trataba con la reforma era de abrir la puerta a Uber, Cabify o a cualquiera de las otras trasnacionales de la modalidad de aplicación; empresas que difícilmente se interesarían en el mercado de Colima.
Con tal de conceder una bandera a su aliado Morena, y de preservar los intereses de Chofer Pro, la bancada del PRI no se contuvo a la hora de golpear a organizaciones que forman parte de la estructura corporativa del partido.
En los últimos años, la FEC ha basado su legitimidad en el descuento en el transporte. Por eso, desde temprana hora y buscando reventar la sesión con una propuesta irrealizable, estudiantes se plantaron en el recinto legislativo para exigir que se aprobara el descuento del 100% en transporte público, a todos los estudiantes.
El tercer perjudicado, luego de la FEC y de los transportistas urbanos y suburbanos, es el gremio de taxistas. Todos los sitios de automóviles de alquiler en Colima están afiliados a alguna de las organizaciones sectoriales del PRI: desde la CTM hasta la CROM, pasando por la CNOP.
Y todas estas centrales de trabajadores del volante pasaron de ser pilares del aparato productivo del estado, a meros grupos de presión que el Gobierno oye… pero ya no escucha.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.
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